El PSdeG presiona para apartar a la edil de Ourense procesada

La apertura de juicio oral a la edil de Urbanismo y teniente de alcalde de Ourense, la socialista Áurea Soto, por presunta prevaricación tras legalizar un aparcamiento privado en subsuelo público y pagar una indemnización de 358.000 euros a una vecina que había denunciado irregularidades, ha movilizado a la dirección del PSdeG. La secretaria de Organización, Pilar Cancela, afirmó ayer por la mañana que Soto “pondrá su cargo a disposición del partido el lunes”, cumpliendo así el código ético que obliga a dimitir a los cargos públicos socialistas cuando se decreta la apertura de juicio oral contra ellos. O dimiten o la dirección los expulsa, dice esa norma interna.

 Según la número dos de los socialistas gallegos, Soto tomó la decisión el viernes por la noche, sin presión alguna. Sin embargo, fuentes municipales aseguraron a este diario el sábado a mediodía que su intención es dimitir cuando se celebre la vista judicial, como mínimo dentro de un año, “salvo que el PSOE indique otra cosa”. Por el momento, ni la propia concejal ni su entorno confirman la dimisión y desde el Ayuntamiento se emplaza a esperar hasta mañana.

La concejal está ilocalizable para buena parte de los medios de comunicación. En unas breves palabras a Radio Ourense, de la Cadena SER, insistió: “No voy a hacer ninguna declaración el fin de semana. El lunes daré una rueda de prensa”. Horas antes de conocer el auto que la encamina hacia el banquillo, cuando el pleno municipal se disponía a debatir una moción del grupo independiente Democracia Ourensana para reclamar su destitución, Soto aseguró a sus compañeros, según fuentes municipales: “Dimitiré cuando me dé la gana”. Los contactos se sucedieron ayer desde Santiago y Madrid, donde la dirección federal también mantiene como una línea roja la dimisión de los cargos llevados a juicio.

La marcha de Soto abriría una importante vía de agua en un gobierno local en minoría, en el que cinco ediles socialistas —los afines al exlíder del PSdeG Pachi Vázquez— están abiertamente enfrentados a la otra mitad y al propio alcalde, Agustín Fernández. Soto, arquitecta de profesión, ostenta una macroconcejalía desde la que gestiona Urbanismo, Infraestructuras, Servicios Generales, Contratación y Sistemas de Información. El reparto de esas competencias podría iniciar una nueva reyerta interna. Pero esta causa no es la única que pesa sobre la poderosa edil, imputada, también por supuesta prevaricación, en otros tres casos, en los que la justicia indaga la legalización de una residencia universitaria ilegal o presuntos enchufes.

En caso de que renuncie a sus cargos, el siguiente en la lista electoral que el PSdeG presentó a las elecciones de 2011 llegaría a la corporación rodeado de polémica. José Ramón Fernández Morgade es director financiero y apoderado de dos de las empresas implicadas en la presunta adjudicación irregular de la obra de reforma de la calle Bedoya, otro caso enviado a juicio oral que salpica al Ayuntamiento ourensano. Fernández Morgade, directivo de Obras, Caminos y Asfaltos, SA (Ocasa) y Betunes y Firmes, también estuvo imputado en la investigación judicial contra esas dos sociedades tras las querellas presentadas por BBVA, Bankia y Novagalicia Banco por supuesta estafa. Además, en 2011, la Comisión Nacional de la Competencia sancionó a Ocasa con una multa de 5,5 millones de euros por concertar ofertas para repartirse contratos públicos con otras constructoras.