El Consell tiene hasta el 10 de marzo para recurrir la ley de Aguas de Aragón

El Gobierno valenciano tiene de plazo hasta el próximo 10 de marzo para presentar recurso de inconstitucionalidad a la ley de Aguas y Ríos de Aragón, y hasta entonces trabajará en la elaboración del recurso y en intentar alcanzar un consenso con el Ministerio y las Comunidades vecinas.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell la portavoz del Ejecutivo, María José Catalá, preguntada sobre el anuncio del consejero de Agricultura, José Císcar, de que iba a proponer al Gobierno valenciano un recurso de este tipo al entender que la norma aragonesa pretende "blindar" el río Ebro.

El Ejecutivo aragonés, del PP al igual que el valenciano, crea una reserva exclusiva de 6.550 hectómetros cúbicos de agua del río Ebro para la comunidad autónoma e intenta ejercer un derecho a veto sobre posibles trasvases a otros territorios de España.

Catalá ha explicado que el Consell ha valorado esa cuestión y ha precisado que hay un plazo de tres meses para interponer el recurso, sobre el que está trabajando la Abogacía de la Generalitat.

"En principio pensamos, y así lo vamos a trasladar también al Ministerio y a las comunidades vecinas, que que tendríamos que optar por un modelo de consenso", como el "éxito" que se consiguió con el Tajo-Segura, que cuenta con "garantías legales" y es "una muestra de que podemos seguir apelando a la razón en el uso del agua", ha dicho.

El Consell "en este momento apuesta por defender nuestros derechos y la legalidad en materia hídrica", ha añadido Catalá, quien ha explicado que a la vez que trabajan en el recurso quieren trasladar al Ministerio su opinión sobre el "conflicto surgido".

El pleno del Consell, que se ha reunido en Alicante, ha aprobado la adenda al protocolo de colaboración suscrito entre el Ministerio de Economía y Competitividad y la Generalitat en 2012 que posibilita la utilización de las Oficinas económicas y comerciales en las Misiones Diplomáticas de España por parte de la Comunitat.

Así, además de las oficinas existentes en Londres, Sao Paulo, Varsovia, Moscú, Casablanca, México y Nueva York, el Instituto de Competitividad Empresarial (Ivace) podrá ubicar ahora a sus delegados en cinco nuevos destinos: Düsseldorf, Bombay, Miami, Bogotá y Argel.

El pleno también ha analizado una subvención de 636.021 euros correspondiente al ejercicio de 2014 destinada al funcionamiento de la Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) de la Comunitat Valenciana, cuya actividad de mediación contribuyó en 2014 a la desconvocatoria de 30 huelgas en el ámbito autonómico.

Catalá ha señalado además que no hay novedad respecto al relevo del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, quien está imputado desde el pasado 6 de noviembre por presuntas irregularidades en la gestión de la entidad.

El pleno del Consell también ha tratado un informe sobre la utilización de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros en la Comunidad Valenciana, que evidencia que una de cada cuatro viviendas que se vende a un extranjero en España se ubica en Alicante, lo que la sitúa por delante de Málaga y Barcelona.

Catalá ha destacado además la mejora de los indicadores económicos de Alicante en 2014, ya que en la ciudad de Alicante 2.073 personas han dejado de estar paradas (un descenso anual del 5,4 %), cifra que en la provincia llega a cerca de 14.500 personas (una bajada del 6,65 %).

La guerra del agua entre valencianos y aragoneses no es nueva. La aprobación por parte del Gobierno de José María Aznar del trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana desató un conflicto entre las dos autonomías que duró años. De aquella época es la fundación Agua y Progreso, auspiciada por la Generalitat valenciana, que dedicó su actividad a defender el trasvase de agua a tierras valencianas. En 2004, el recién elegido presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, derogó el decreto del trasvase del Ebro pero el conflicto ha seguido soterrado.