La fiscalía sospecha que Alaya ha invadido la investigación de otro juez

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la juez Mercedes Alaya ha podido invadir la investigación de otro magistrado a través de sus pesquisas en el caso ERE. Los fiscales de la causa dudan de que Alaya haya colisionado con nueve investigaciones que dirige el titular del Juzgado de Instrucción 16, Juan Gutiérrez, instructor del caso Invercaria. Debido a esta sospecha, los fiscales han pedido a la magistrada que aclare el último paso del caso ERE, un auto por el que investiga a seis empresas públicas de la Junta, entre ellas Canal Sur, Egmasa y Extenda.

“La investigación per se de los ilícitos que pudiesen constituir en relación con cada una de las singulares entidades reseñadas son ya objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla”, alerta el escrito que Anticorrupción ha remitido esta semana a Alaya. Los fiscales subrayan que le piden a la juez una aclaración para “delimitar” el objeto y la finalidad de su resolución del pasado diciembre, por la que solicitaba los programas de control financiero permanente de todas las empresas públicas en los años 2005, 2006 y 2007.

Es decir, Anticorrupción quiere saber si Alaya conoce de antemano que esta documentación de la Intervención General de la Junta incluye indicios penales de los imputados en el caso ERE. Y lo hace porque de no ser así, la petición para investigar esta densa documentación de nueve grandes empresas sin indicios previos que la vinculen al caso ERE, sería irregular ya que la juez habría pedido dicha documentación para ver si encuentra ilegalidades o conductas delictivas, sin tener una base sólida previa de indicios.

La Junta, al recurrir el auto, acusó a Alaya de instruir una “causa general” que analiza toda su acción de gobierno a modo de “investigación prospectiva”, que prohíbe la ley. En dicho escrito, la Junta alertó de que “no existe la conexidad delictiva” que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para así ampliar el caso ERE a las grandes empresas públicas del Gobierno andaluz, además de todas las consejerías que ya investiga Alaya. Además, el Ejecutivo ya alertaba del solapamiento de investigaciones, ya que el juez Juan Gutiérrez instruye nueve piezas sobre estas empresas públicas.

En su escrito, los fiscales destacan que piden a Alaya que concrete la insinuación que establecía sobre un supuesto “paralelismo” entre “lo acontecido en la agencia Idea [pagadora de los ERE] con lo ocurrido en otras empresas públicas”. Anticorrupción, que ha mantenido agrias tensiones con Alaya a lo largo de estos cuatro años de instrucción, basa su petición de aclaración en el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precisa que los tribunales podrán “aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan”.

La fiscalía recuerda a Alaya que ya conoce la remisión por parte de la Intervención General de la Junta al Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla de documentación sobre los “defectos en la contabilización de las transferencias de financiación” que afectan a empresas como Canal Sur y Extenda. La fiscalía llamaba la atención sobre una supuesta elusión de la fiscalización previa que debía ser exigible en estas transferencias de financiación, y que se tradujo en la apertura de las nueve piezas separadas por parte del juez Juan Gutiérrez. Además, Anticorrupción advierte a Alaya de que ya le informó de estas diligencias ajenas a su juzgado en otro escrito de marzo de 2014, por lo que no puede alegar que ignora las pesquisas.