La justicia catalana aprecia indicios de desobediencia en Mas por el 9-N
El Tribunal Superior asegura que el 'president' y las consejeras Ortega y Rigau pudiero cometer otros delitos al fomentar la consulta soberanista
La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pudo cometer un delito de desobediencia al promover, permitir y participar en la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre. En los seis autos en los que el tribunal da respuesta a las querellas, incluida la fiscalía, se destaca la “verosimilitud” de los hechos denunciados de los que se deduce que Mas pudo incurrir en “el delito de desobediencia a resoluciones judiciales cometido por autoridad pública”. El alto tribunal catalán también ve indicios de la comisión del mismo delito a la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau. Además, el TSJC no descarta que la investigación judicial acabe demostrando que el president y las dos consejeras hubieran cometido delitos de “prevaricación y malversación de caudales públicos” al fomentar la consulta soberanista.
El tribunal destaca, en los autos notificados durante el día de ayer, que existen indicios suficientes para concluir que Mas no acató la orden del Tribunal Constitucional que el 4 de noviembre le obligaba a suspender cautelarmente la consulta. Al contrario, los tres miembros querellados continuaron “los actos preparatorios, la publicidad institucional, los actos administrativos... hasta llevar a cabo, en edificios públicos de Cataluña, las votaciones”. Además, los autos recuerdan que el propio Mas “se responsabilizó públicamente” de la consulta desafiando cualquier tipo de consecuencia legal.
El TSJC relata, cronológicamente, las actuaciones de Mas durante el proceso previo al 9-N. El president renunció a realizar el referéndum tras la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional el 29 de septiembre. Posteriormente, Mas convirtió la consulta en un proceso de participación ciudadana que, previa impugnación formulada por el Gobierno central, fue suspendida, de nuevo, por el Constitucional el 4 de noviembre. De esta forma, se anulaba de forma “concreta y determinada” la votación soberanista.
La prohibición no fue acatada y los resposables de la Generalitat acabaron llevando a cabo las votaciones el 9 de noviembre. Como consecuencia de esta actuación, el alto tribunal catalán recibió seis querellas y 25 denuncias que se han agrupado en un único procedimiento abierto contra Mas, Ortega y Rigau por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Rebelión y sedición
Sólo dos de los querellantes, el sindicato Manos Limpias y el partido político Vox, acusan al president de la Generalitat de haber cometido los delitos de rebelión y sedición al promover la consulta soberanista del 9-N.
El tribunal no ve indicios de la comisión de estos delitos ya que Mas "no se ha alzado violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar la Constitución, declarar la independencia de una parte del territorio y sustituir por otro el Gobierno de la nación".
El Superior considera inadmisible que se pretenda equiparar los "alzamientos violentos con actos ilegales o fuera de la razón o justicia".
El pasado 21 de diciembre, el alto tribunal ya anunció que admitiría a trámite la querella de la Fiscalía y de todos aquellos denunciantes que acusaban al presidente de la Generalitat, a la vicepresidenta y a la consejera de Educación. Por el contrario, el TSJC no admitió las querellas presentadas contra otros miembros del Gobierno.
El alto tribunal considera que la actuación de los Mossos d’Esquadra se ajustó a la legalidad y a “los deberes propios a su cargo”, por lo que no contempla ningún indicio de criminalidad en la actuación del consejero de Interior, Ramon Espadaler. Respecto al portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, el Tribunal Superior de Cataluña destaca que en los autos no se ha precisado ninguna manifestación de carácter delictivo atribuible a Homs. Además, “no se le puede atribuir al consejero portavoz de la Generalitat todas las actuaciones presuntamente delictivas”.
Las querellas admitidas a trámite fueron presentadas por el Ministerio Fiscal, el sindicato Manos Limpias, el Sindicato Profesional de Policía y Unión Federal de Policía, Vox, UPyD y Asociación Pro Justicia Siglo XXI.
La sala civil y penal del tribunal también argumenta su decisión de dejar fuera de la investigación a los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña —como pedía UPyD—, porque cree que no cometieron delito al incluir en el orden del día de un pleno de la Cámara la votación para elegir a los componentes de la Comisión de Control de la consulta soberanista.
Un auto en un clima preelectoral
]El auto del Tribunal Superior de Justicia apuntando indicios de delito en la actuación de Artur Mas el 9-N llega en un momento delicado para el presidente catalán, que se encuentra en la disyuntiva de adelantar las elecciones. Mas alcanza ahora el meridiano de su mandato —el martes hará balance— con varios interrogantes en el horizonte. El primero, la fatigosa duda de si al final convocará los comicios tras las ásperas negociaciones con ERC, su exsocio, que se ha negado en redondo a concurrir en una misma lista al alegar que juntos pierden escaños.
Pero la resistencia de ERC está vinculada también a los casos de corrupción que salpican a Convergència, con la sede embargada por el caso Palau, pero especialmente por el escandaloso fraude fiscal de la familia Pujol, con ocho de sus nueve miembros imputados. Y, por último, Mas tiene ante sí su propio caso con la querella del 9-N. De todos ellos, el que menos inquieta a Convergència es el de la consulta alternativa porque vendrá a reforzar su tesis sobre la intransigencia y la inflexibilidad del Estado. A los nacionalistas les vendrá como anillo al dedo ese argumento como estrategia electoral si se avanzan los comicios. Las encuestas otorgan ahora a CiU y ERC un empate técnico aunque apuntan una leve caída del soberanismo. Pero los tempos son una incógnita: si hay elecciones serán en marzo y es imposible pronosticar, si es que se da el caso, cuándo se consumaría una imputación de Mas. Y de si se vería, por tanto, un candidato/presidente imputado.
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