“La acción social es necesaria pero no genera empleo estable”

Andalucía va a evaluar las políticas activas de empleo, las medidas encaminadas a que algunos de los más de un millón de parados registrados en Andalucía encuentre trabajo, cree una empresa, se haga autónomo o se forme con el fin de volver a la actividad laboral. Este proceso de revisión lleva más de 30 años en Europa, donde el análisis de los resultados en 19 países permite establecer, al menos, qué acciones son más eficaces. El investigador José Ignacio García Pérez, director de la cátedra BBVA de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con quien tiene previsto reunirse este martes el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, para el proceso de evaluación, propone algunas medidas y cuestiona aquellas que considera más ayudas de subsistencia. “La acción social es necesaria, pero no genera empleo estable”, advierte.

El empleo se llevará este año del presupuesto una inversión de 424,5 millones de euros, de los que casi el 75% (296,4 millones) se destinarán a políticas activas. Estas incluyen el Plan de Choque 2014-2015, dotado con 200 millones de euros y al que la Junta le atribuye 21.700 trabajos, y el Bono Joven, al que se destinarán 25 millones. Por otra parte, fomento del empleo dispondrá de 48,8 millones; los programas de orientación profesional, de 71,8 millones de euros; inserción, 14,1 millones; y acciones en el entorno local, 10,1 millones.

Con estos fondos y el panorama actual, con índices de paro superiores a la media, el investigador de la UPO recomienda las siguientes actuaciones:

Ayuda personalizada.  Medidas encaminadas a elaborar un itinerario personal que ajuste las capacidades del demandante con la oferta laboral. Son las menos costosas y las que aportan más beneficios, pero también están poco desarrolladas en España, especialmente en Andalucía, donde la Administración recela de contar con la colaboración de las agencias privadas de colocación. “El Servicio Andaluz de Empleo tiene que gastar el 80% del tiempo en pagar prestaciones y el personal no puede dedicarse a otras cosas, como hacen en otros países de Europa, donde cada trabajador de la oficina de empleo tiene una cartera de personas con las que está en contacto de forma permanente. Aquí sería imposible por el volumen de paro, por lo que es imprescindible contar con otras entidades, con o sin ánimo de lucro, y con un acuerdo reglado de las condiciones que sean necesarias para que esta colaboración funcione correctamente”, advierte el economista.

Incentivos al agente de empleo. Se trata de establecer incentivos para el personal dedicado a la orientación laboral en función de la inserción de las personas a las que asesoren. “Hay que tener en cuenta las diferencias entre las distintas zonas donde trabajan, pero se pueden establecer alicientes”, comenta. También propone promover que las asesorías laborales favorezcan y ofrezcan los tipos de contratos más estables y que eleven la productividad.

Alicientes para los desempleados. La propuesta es vincular las prestaciones a la búsqueda activa de trabajo por parte de los desempleados. “Son medidas como las previstas en en el reciente acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, donde el desempleado verá complementado su salario cuando acepta un trabajo. Hay que acabar con pensamientos de que no compensa trabajar. Esto es una lacra para todos”, asegura Ignacio García.

Formación. El analista de la UPO propone eludir la formación generalista y de corta duración, ya que ha demostrado una efectividad pequeña, y conceder la impartición de cursos de forma competitivas a aquellas entidades o empresa que más inserción consigan, según las evaluaciones.

Sistema dual. Consiste en vincular el aula a la empresa e incluir la formación profesional como política educativa prioritaria. “Se aplica en Suiza, Alemania y Austria e implica una identificación temprana de alumnos con aptitudes para este programa y que, desde el principio, acuden a las empresas. Aquí es muy difícil por las características de nuestro tejido industrial, pero son necesarios más acuerdos como los firmados entre la Junta y Santander, BBVA o Telefónica que desarrollen esta formación dual”, comenta el economista.

Subvenciones directas. Las ayudas por la contratación de colectivos de difícil inserción no tienen un efecto considerable en el empleo neto, según las evaluaciones realizadas en España y otros países de Europa. Del mismo modo, García considera que las subvenciones por empleo indefinido deberían otorgarse mensualmente y ser objeto de evaluación permanente para garantizar la continuidad del puestos creado.

Nuevos proyectos empresariales. Solo son eficaces si sus destinatarios y los planes propuestos son solventes y cuentan con formación suficiente. Las más efectivas son las destinadas a personas cualificadas y actividades concretas.

Creación directa de empleo público. Son las más ineficientes y las que más dinero absorben. Se trata de ocupaciones pagadas con dinero de las Administraciones que no generan empleo neto y que devuelven al paro a sus beneficiarios con la misma formación y experiencia con la que salieron. Son las más cuestionadas por el investigador de la UPO: “Estos programas sirven para dar de comer a la gente y este es un objetivo loable. Pero esto es asistencia social. No tiene que ver con la inserción estable de un trabajador. No se puede vender como política de empleo. Es contraproducente y, además, genera frustración”.

Premios. “Es sencillo y barato”, comenta García, “reconocer a las empresas por una buena política de contratación. Y que la gente lo sepa”. El economista propone otorgar un sello de calidad y ofrecer reconocimiento social a las entidades que tengan a sus plantillas en mejores condiciones de estabilidad.