Civil dimite de la Diputación pero no de alcalde de Cercs

El vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, Ferran Civil, dimitió ayer de su cargo y fue relevado ayer mismo en el puesto por Mireia Solsona, alcaldesa de Matadepera. Civil, també alcalde de Cercs (Berguedà), fue condenado en diciembre a un año de prisión y ocho de inhabilitación por haber concedido licencias de construcción de unas naves en suelo no urbanizable, según el Plan General vigente en su momento. El fallo aún no es firme , pero de confirmarse supondría el adiós de uno de los alcaldes históricos de Unió Democrática.

Pese a su dimisión, Civil mantendrá la alcaldía de Cercs hasta el final del mandato en mayo. Salvador Esteve, presidente de la Diputación de Barcelona, cerró con el nombramiento de Solsona una crisis que él mismo abrió cuando antes de Navidad afirmó que creía que Civil haría lo mejor para la institución, en un mensaje que se interpretó como una invitación a que presentara la dimisión.

El titular del Juzgado Penal número 1 de Manresa condenó el 19 de diciembre a Civil por haber permitido en 2006 la construcción ilegal de unas naves industriales en el paraje de la Mina de Sant Josep, “de interés natural, paisajístico y forestal”. En la sentencia, el juez condenó a Civil como autor de un delito sobre la ordenación del territorio y de otro como “cooperador necesario”. Civil permitió al empresario del sector agroalimentario Pedro Miguel Acebillo, también condenado, construir estas naves y le dijo que “no tendría ningún tipo de obstáculo del Ayuntamiento” pese a saber que se levantaban en un suelo no urbanizable, de valor agrícola y ganadero. El empresario, “sin solicitud de previa licencia y con el conocimiento y consentimiento” del alcalde, construyó tres naves industriales de unos 300 metros cuadrados cada una, a sabiendas de que era contrario a la normativa. El fallo impuso también una multa de 3.600 euros al alcalde, la mínima para un delito de este tipo, ya que la magistrada entendió que las naves se hicieron con intención de "solventar una maltrecha economía municipal" y no con ánimo de lucro propio de los condenados.

Artur Mas, presidente de la Generalitat, presentó en esta legislatura un código ético para regenerar las instituciones y defendió que los políticos abandonen sus cargos cuando son llevados a juicio. No es el caso ya de Civil, que ha sido condenado y que no ha renunciado a la alcaldía. El diario Regió7 publicó ayer que la Oficina Antifraude de Cataluña está investigando a Civil por haber recibido presuntamente una doble retribución por sus puestos como alcalde y vicepresidente de la Diputación. La ley prohíbe que un cargo que recibe un sueldo en régimen de dedicación exclusiva cobre otro salario procedente de la administración pública. Según Regió7, Civil habría recibido durante dos años una retribución fija de 7.980 euros anuales del Ayuntamiento que sumaba a los 6.291 euros brutos mensuales que cobraba como vicepresidente primero de la Diputación. Fuentes de la Diputación de Barcelona señalaron que Civil dimitió tras conocerse la condena y no por las informaciones sobre presuntas dobles retribuciones publicadas ayer.