Una detenida de la Púnica ocultaba pruebas bajo el colchón

La sección cuarta de la Audiencia Nacional ratificó ayer la orden de prisión incondicional contra Ana María Ramírez, secretaria del empresario David Marjaliza, por el riesgo de que destruya pruebas de la investigación sobre la presunta trama de corrupción desarticulada con la Operación Púnica.

Rechaza así el recurso de Ramírez contra la orden de ingreso en prisión decretada por el magistrado de la Audiencia Eloy Velasco el 30 de octubre, al entender que no es una “simple secretaria personal”, sino que ejercía de “mano derecha” del empresario, considerado como presunto cerebro de la trama. Los magistrados toman en cuenta el peligro de que destruya documentos incriminatorios porque, cuando se procedió a registrar su domicilio, se hallaron “correos referidos a las cuentas de Suiza y Singapur” ocultos “detrás de cómodas, debajo de los colchones, dentro una maleta y en bolsas situadas bajo las camas”.

También se hallaron “organigramas de las empresas creadas y contratos que ponen de manifiesto la verdadera titularidad de las sociedades de la trama, así como un sobre” con dinero en moneda extranjera y otro con 24.345 euros.

Ramírez alegó en su recurso que llevaba 18 años ejerciendo como secretaria de Marjaliza y siempre había obrado en “la creencia de la legalidad”, realizando “pagos o efectuando llamadas de orden de su jefe”. Negaba así la comisión de los delitos que se le imputan: blanqueo, pertenencia a organización criminal y malversación. 

El auto atribuye sin embargo a Ramírez “un papel determinante” en la presunta trama, con “cargos de representación y decisión” en ocho de las empresas “más relevantes”.

Era administradora de las sociedades Vancouver Gestión, Divana Integral y Atención Social y Residencial Valdemoro (que gestiona el centro de mayores de esa localidad, y facturó casi 12 millones de euros al Ayuntamiento de 2008 a 2013). Y quien “controla y ejecuta los cambios de titularidad de las sociedades, siendo conocedora y cooperadora en la realización de facturas y presentación de falsas auditorías a favor de Construcciones y Reformas de la Peña”.

La sección cuarta ya confirmó en diciembre la prisión incondicional para Marjaliza y para otro de los presuntos líderes de la trama, el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados, así como para Pedro García Pérez, directivo de Cofely, una de las empresas que obtuvo contratos.