CulturArts frena años de descontrol en la sociedad Castelló Cultural

La integración de la sociedad pública Proyecto Cultural Castellón (creada en 1997) en CulturArts ha acabado con irregularidades en la gestión que han sido alertadas durante años por la Sindicatura de Comptes y que no habían sido resueltas por la mercantil ahora extinguida. Las anomalías van desde el pago de 5,83 millones sin contrato a la empresa adjudicataria de la gestión y explotación de dos de los edificios más relevantes del panorama cultural de la provincia hasta la falta de título para ocupar ambos inmuebles. En el último informe del tribunal de cuentas, CulturArts relata los trabajos realizados para que la adjudicataria dejara de gestionar los palacios de congresos de Castellón y Peñíscola y las gestiones para lograr la titularidad y adscripción de los edificios.

La sindicatura advirtió en su último informe de las “importantes deficiencias” en Castelló Cultural relativa a la gestión y explotación del Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y del Palacio de Congresos de Peñíscola. El contrato firmado en mayo de 2005 caducó en 2009, pero la adjudicataria siguió operando y la mercantil no lo regularizó. “Las partes continuaron comportándose como si el contrato estuviera en vigor, lo que ha supuesto que de los 8,65 millones que han sido facturados por la empresa contratista hasta el 31 de diciembre de 2013, un total de 5,83 han sido realizados sin existencia de contrato”, señala el informe.

CulturArts alegó que a Castelló Cultural se le impidió desde 2011 licitar de nuevo el servicio a la espera de la reordenación del sector público valenciano. Entonces el contrato llevaba dos años caducado. Una vez formalizada la integración en diciembre de 2013, el nuevo ente solicitó en a la empresa adjudicataria que se marchara. Antes, hubo que solventar otra incidencia detectada hace diez años: CulturArts no podía ocupar ninguno de los dos edificios porque Castelló Cultural no tenía su titularidad. La advertencia se remonta al informe de fiscalización de 2004. Ese año, el director ejecutivo, Vicente Farnós (cesado el pasado año y procesado en la pieza 5 de Gürtel), alegó que la falta de formalización de los terrenos —de los ayuntamientos de Castellón y Peñíscola— era una “circunstancia transitoria”, pero no ha sido hasta la toma del control por parte de CulturArts cuando se ha puesto fin a esta situación.

El nuevo ente ha presentado un documento de sus “intensas negociaciones” durante el primer semestre de 2014 en el que alegaba que no podía licitar de nuevo la explotación de ambos palacios hasta hacerse con ellos, ni sabía si tenía capacidad legal de tomar cualquier decisión ni acuerdos por este motivo. Para solventarlo pidió varios informes a la Abogacía de la Generalitat y al director general de Patrimonio. El nuevo ente exigió a la empresa que dejara de explotar los edificios y solicitó a Patrimonio la ocupación temporal de los dos espacios para que la programación no se anulara. CulturArts responde finalmente que se ha regularizado la titularidad de los dos palacios y se ha realizado un nuevo contrato de gestión en Castellón y Peñíscola. La Generalitat está en trámites para la regularización patrimonial del Museo de Bellas Artes y del Espai d’Art Contemporani (EACC) de Castellón.

El Consell ejecutó, además, un ERE para una plantilla que superaba la masa salarial autorizada. Los dos puestos de alta dirección (el de Farnós y el exconsejero delegado y exalcalde de Castellón, José Luis Gimeno) sumaban 120.000 euros de retribución.