El Gobierno abonará por adelantado una de las pagas extras de 2015

El Ejecutivo vasco de Iñigo Urkullu abonará mañana, día 5, a los casi 70.000 trabajadores de la Administración Pública Vasca, funcionarios y eventuales, la primera de las dos pagas extraordinarias correspondientes a 2015 y en el mes de abril el 25 % de la extra de 2012.

Así lo ha informado hoy en una nota de prensa el Departamento vasco de Administración Pública y Justicia que también indica que el abono de la paga extra de diciembre de este año se hará efectiva en los primeros días del mes de julio.

Es el tercer año consecutivo que el Gobierno Vasco decide adelantar las pagas extras a los meses de enero y julio al considerar que "todavía es pronto para volver a recuperar la normalidad en las fechas de cobro" de las mismas que se arrastra desde la decisión del Gobierno español de suprimir la extra de diciembre de 2012.

El Ejecutivo autonómico argumenta que el objetivo de esta decisión es evitar los efectos negativos que no hacerlo provocaría en el consumo en Euskadi.

Además, el Gobierno Vasco ha anunciado hoy que abonará el próximo mes de abril el 25 % de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 en concordancia con lo acordado por el Gobierno central tras la decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en el Estado los funcionarios recuperarán ese porcentaje de la paga extra de 2012 en la nómina de enero.

Esta medida tendrá un impacto presupuestario de unos 50 millones de euros y no afectará a quiénes a lo largo del segundo semestre de 2012 y en fechas anteriores a que se ordenara la suspensión del pago de la extra recibieron alguna cantidad por ese concepto, según ha matizado el Ejecutivo vasco.

Ambas decisiones están incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2015 aprobado por el Parlamento Vasco.

El Gobierno vasco recuerda que el Tribunal Constitucional tiene pendientes de resolver hasta cuatro conflictos de inconstitucionalidad relacionados con la retirada de la paga extraordinaria en diciembre de 2012 y otros recortes salariales del personal funcionario.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu considera que ha pasado ya "tiempo suficiente para que el alto tribunal se pronuncie, ponga fin a la inestabilidad que padecen miles de personas funcionarias y las administraciones públicas vascas puedan operar en esta materia con un terreno normativo estable".