La Generalitat pierde más de siete millones en sus estaciones de esquí

Cuando el Ejecutivo de Artur Mas creó un equipo para buscar activos susceptibles de ser privatizados, una de las primeras ideas que surgió fue la de vender las cinco estaciones de esquí entonces controladas por la Generalitat. Fue una de las primeras propuestas en ponerse sobre la mesa y no tardó mucho en desaparecer. Ningún inversor estaba dispuesto a pujar por ellas. Apenas ganan dinero las tres estaciones privadas: Baqueira Beret, Masella y Port del Comte. El resto pierde. Se trata de las estaciones que ha tenido que ir asumiendo poco a poco la Administración autonómica, que el pasado 23 de diciembre anunció su última adquisición, Boí Taüll. Este complejo amenazaba con el cierre y con ello condicionaba todavía más la economía de la comarca de la Alta Ribagorça.

La Generalitat sostiene que el negocio del esquí genera un impacto de 350 millones de euros en Cataluña. Y que esa actividad económica se centra sobre todo en comarcas de montaña que viven de la agricultura y la ganadería y del turismo. De ahí que asuma como un mal menor los más de siete millones de euros de pérdidas anuales que le provocaron en 2012 y 2013 las estaciones de la Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé y Vallter (de esta última controla un 60,2% de las acciones desde 2013). Todas ellas son la principal industria de su comarca respectiva y, según un estudio de Esade, por cada euro que gasta un esquiador cuando compra un forfait, se generan 12,37 euros en restauración y actividades vinculadas al esquí.

Son unos números rojos que el Gobierno catalán intenta disimular, pero que constan en las cuentas económicas de 2013 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), la compañía que se ha encargado hasta ahora de gestionar todas las estaciones pública. La empresa presidida por Enric Ticó ha sostenido siempre que su división de montaña, que engloba el negocio de esquí, además de otras actividades, cubría con sus ingresos los gastos generados por su actividad conjunta e incluso lograba un pequeño excedente, que permite que la Generalitat no tenga que asumir un cargo adicional a cargo de sus Presupuestos. Fue ese punto de equilibrio el que jugó en contra, entre otros factores, de que la empresa ferroviaria asumiera la propiedad de Boí Taüll, que ha quedado bajo el paraguas de la empresa Avançsa.

Según los balances de cierre que acompañan a la memoria de Ferrocarrils, la estación de Vall de Núria es la que mayores pérdidas genera: 3,05 millones (las ha reducido en medio millón en un año), seguida por La Molina (2,86 millones) y Espot y Port Ainé, que comparten contabilidad y perdieron 1,29 millones de euros en 2013. Vallter se apuntó unos números rojos durante ese ejercicio de 964.729 euros.

La voluntad de la Administración catalana es desprenderse de las instalaciones, pero antes deberá sanear sus balances

Diferentes fuentes de la Generalitat sostienen que la voluntad de la Administración catalana es desprenderse cuanto antes de las estaciones. Pero antes deberán mejorarse sus balances para captar posibles compradores. En parte, ese trabajo se ha hecho, como lo demuestra la reducción de las pérdidas en 2013 y la mejora de los ingresos respecto a 2012. La Molina logró facturar 4,09 millones, un 37% más; Vall de Núria no se movió con sus 3,68 millones, y Espot y Port Ainé superaron ligeramente los dos millones de euros, un 26% más. En la temporada 2012-13 las estaciones públicas vendieron 562.000 forfaits, un 12% más.

La vertiente sur del Pirineo tiene tradición esquiadora, pero no tanta como para rentabilizar las instalaciones que ha puesto en marcha. Las limitaciones financieras de la Generalitat impiden inyectar recursos con los que mejorar las instalaciones más allá del preceptivo mantenimiento anual, una situación que no está previsto que cambie, al menos, en los dos próximos años. Y ese factor condiciona la mejora de la llegada de esquiadores y de la mejora de recursos económicos.

El caso de Boí Taüll será diferente, ya que la Generalitat será la propietaria pero, durante cinco años y con opción a recompra, el gestor de las instalaciones seguirá siendo la sociedad Promocions Turístiques de la Vall, controlada por el grupo Nozar. De hecho, la adquisición por parte de la Generalitat es más bien una dación en pago, ya que la Administración asume la estación a cambio de los 7,3 millones de euros que los propietarios adeudaban al Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Además el Gobierno catalán pagará un millón de euros más por otros activos del complejo invernal.