Veinte años para demoler un edificio que se construyó ilegalmente

A Antonio Pérez, ya octogenario, la alegría de estrenar piso en Cabanas en el verano de 1994 le duró bien poco. Tres meses después de comprarlo, y cuando el Ayuntamiento ya le había autorizado el enganche a la red de saneamiento, descubrió que el constructor había edificado dos alturas por encima de lo permitido, que su vivienda era ilegal y que iban a demolerla. No fue el único. En la misma situación estaban otros siete propietarios de los dos cuartos y dos quintos pisos del edificio O Penso, que suma 28 viviendas construidas en tres fases.

 Ayer empezó a correr el plazo que fijó el Ayuntamiento para iniciar la demolición de las dos plantas —cuarta y quinta de la primera fase— levantadas a primeros de los años noventa de espaldas a la normativa. La ley las obliga a derribar para desconcierto de los vecinos que aún las habitan y que “compraron y pagaron sus viviendas legalmente”, recalcan los afectados. “Es que no nos queda otra”, replica el alcalde del municipio costero coruñés, Germán Castrillón, del PP. El regidor está imputado por desobediencia al demorar la ejecución del derribo y explica que ya ha pagado una multa de mil euros de su bolsillo por los atrasos. Dice que no es plato de gusto haber heredado un problema de tal calibre que le va a costar 1,6 millones de euros a las arcas locales —el presupuesto de 2015 asciende a 2,8— sumando los gastos de la demolición (en dos fases) y las indemnizaciones a los vecinos que se quedan sin casa.

En diciembre, el alcalde comunicó por escrito a los propietarios que tenían que dejar sus pisos antes del 2 de enero para iniciar la primera fase de una demolición ya adjudicada en 373.956 euros. Ayer las máquinas no aparecieron porque un vecino solicitó una prórroga de cinco días para retirar sus enseres, pero los dueños saben que terminarán por llegar porque la sentencia judicial es firme y no hay alternativa. En el portal de su edificio cuelga desde hace días una nota informativa “sin firma ni sello oficial de ningún tipo”, critican, donde les indican la fecha de inicio de la demolición, que comenzará por sustituir el ascensor. Una decena de afectados se plantó ayer en el registro del Ayuntamiento para dejar constancia de sus quejas. Argumentan que el proyecto técnico de demolición no incluye normas de seguridad para los vecinos residentes y que el consistorio no les ha proporcionado ninguna alternativa de realojo ni compensación económica. Con los mismos argumentos acudirán el próximo día 8 a los juzgados de Ferrol para solicitar medidas cautelares que congelen o pospongan el derribo.

La demolición de los dos pisos altos del edificio O Penso, más conocido como Elpidio, es el punto final a dos décadas de litigio que terminaron en dos sentencias del Tribunal Superior de Galicia, fechadas en 1994 y 1996 y ratificadas en 2000 y 2001, que certificaron las irregularidades del inmueble y ordenaban el derribo de las dos alturas que no se ajustan a derecho. Fue una construcción de la empresa Prominfer, SL, que aprovechó el desnivel de terreno para levantar dos plantas extra para las que no tenía permiso porque las normas subsidiarias de 1988, que regían a falta de un plan de ordenamiento municipal, sólo permitían bajo y dos plantas. El constructor obtuvo la licencia de la corporación que encabezaba Modesta Anca (PSdeG) y construyó dos pisos más en las dos primeras fases de una construcción diseñada en tres etapas. Los vendió todos. La denuncia que un vecino interpuso en 1990 derivó en una causa que dio tumbos por los juzgados desde octubre de 1994, cuando el Tribunal Superior dictó la primera sentencia certificando la ilegalidad, hasta que se cerró en firme en 2001, confirmando los fallos anteriores.

De los ocho vecinos afectados, sólo Antonio Pérez sigue viviendo allí de forma permanente mientras que otro va y viene, explican los residentes. Antonio se mudó con su mujer a Cabanas a mediados de los noventa buscando un clima más suave que el de As Pontes, su localidad natal, para disfrutar de la jubilación cerca de la playa. Cumplidos los ochenta, continúa viviendo en el piso que le van a tirar y que se ha negado a pintar en los últimos años porque “era tontería”, explica su hijo Rafael. Este resalta que O Penso se ve “en línea recta” desde el mismísimo Ayuntamiento. “Vieron cómo se construía a diario”, lamenta Pérez. Ni la comisión de gobierno de entonces ni el constructor “han sido penalizados por la justicia mientras que los propietarios estafados van a tener que salir corriendo de sus casas, cargando con sus trastos y siendo desposeídos de unas viviendas que compraron legalmente”. Las indemnizaciones por daños y perjuicios tardarán en llegar, se quejan los afectados, la mayoría jubilados, y temen que ellos “ya nunca las van a ver ingresadas”.