Juicio contra tres policías de Getafe que mataron a un supuesto ladrón

Los tres agentes de la Policía Municipal de Getafe (169.000 habitantes) procesados por matar a un supuesto ladrón, David Prieto Fandiño, de 28 años, el 21 de noviembre de 2011, se sentarán en el banquillo de los acusados del 3 al 5 de marzo. Así lo ha fijado la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que juzgará a Antonio Miguel G. M., Óscar Daniel C. U. e Ismael G.-M. G.-V. por los delitos de homicidio y de homicidio en grado de tentativa. La historia comenzó cuando un compañero suyo que ese día estaba fuera de servicio y que se dirigía al cementerio de la localidad con otros tres familiares fue el que dio la voz de alarma de un posible secuestro. Este se equivocó, ya que los supuestos autores de esa detención ilegal solo estaban intentando meter herramientas de obra muy voluminosa en la parte trasera de un turismo.

El agente que estaba franco de servicio pertenece también a la Policía Local de Getafe. Tiene el número de placa 28065-638, según consta en diligencias. Según su declaración ante los agentes del Grupo X de Homicidios, eran alrededor de las 10.45 del 21 de noviembre de 2011 cuando circulaba con su vehículo privado, un Saab 9.3 negro, por la calle del Ferrocarril de Getafe. Se dirigía al cementerio junto con su abuela, que iba en el asiento del copiloto; su padre y un tío suyo. “Dado que la calzada tiene varios resaltes iba a una velocidad moderada de unos 20 o 30 kilómetros por hora”, recoge su declaración.

Cuando se encontraba próximo a la calle del Pintor Rosales, en Getafe, se percató de que había estacionado en la parada de taxis un turismo Citroën C-3 blanco. Estaba en el mismo sentido de la marcha. Este vehículo le llamó la atención porque en ese momento vio cómo dos hombres estaban cometiendo lo que él entendió entonces que era un secuestro. Después se demostró que se había equivocado y que los dos hombres estaban metiendo herramientas en el turismo.

“Había un varón que introducía en la parte trasera a lo que parecía ser otra persona por la puerta derecha, a la vez que ese mismo individuo acababa de meterse también en el vehículo”, afirmó el agente a los policías de Homicidios. Mientras, otro hombre abrió en ese mismo momento la puerta trasera izquierda del coche y comenzó a realizar movimientos violentos con los brazos, dando manotazos a la supuesta persona. “También le lanzaba patadas intentando en mi opinión que aquella persona no pudiera salir, cerrando por fin la puerta bruscamente haciendo uso de manos y piernas para ello”, relató, erróneamente, ante la policía.

Los dos hombres eran el conductor del vehículo Roberto García Castillo y su supuesto compinche David Prieto Fandiño. Lo que estaban metiendo a golpes no era otra cosa que herramientas de obra que iban a trasladar. El policía creyó en todo momento que se trataba del secuestro de una persona, como se comprobó después.

El conductor del Citroën C-3 se metió en el coche y “de forma ligera, sin sacar el intermitente” emprendió la marcha en dirección a la rotonda de la getafense calle del Ferrocarril. El agente que estaba fuera de servicio les siguió de cerca. Mantuvo que se estaba produciendo “un forcejeo en la parte de atrás”. Relató incluso que vio “manoteos y movimientos bruscos”. Fue entonces cuando decidió avisar a la sala del 092 para comunicar lo que acaba de presenciar. Facilitó la matrícula del vehículo: 3950 FWD. El dueño de este turismo había denunciado su robo el 16 de noviembre de 2011 en la comisaría de Usera.

El C-3 salió a la autovía de Toledo (A-42), por lo que el policía decidió seguirlo “para al menos tenerlo localizado”. “El conductor de forma brusca y sin señalizar se pasó directamente desde el carril de aceleración al central circulando a una velocidad comprendida entre los 110 y los 150 kilómetros por hora”, afirmó el declarante.

El conductor del Citroën hacía intención de salir en cada una de las salidas de la A-42, pero siempre regresaba al carril central. Así llegaron hasta la calle de Santa María de la Cabeza, en la capital. En ese momento, al agente fuera de servicio le pasaron tres coches de la Policía Local, pese a que estaban fuera de su término municipal. Al verlos, paró en la confluencia del paseo de las Delicias con la calle de Bustamante e indicó a sus compañeros con la mano que siguieran por esta calle. El vehículo que buscaban era el que podían ver delante de ellos.

El policía que dio la voz de alarma aminoró la marcha y continuó circulando por el distrito de Arganzuela. En la calle de Canarias, vio como sus compañeros habían interceptado el C-3. Habían recorrido unos 14 kilómetros. “Tras una maniobra violenta y escuchar el impacto de vehículos, el coche logró continuar su marcha por la calle que desde mi posición veía dispuesta a la derecha [Vara del Rey]”, recoge la declaración. El agente se hallaba a unos 400 metros.

Acto seguido, varios policías se bajaron de sus respectivos coches patrulla. Uno de ellos gritó “arma”, pese a que ni Roberto García ni David Prieto iban armados. Los agentes abrieron fuego contra el turismo.

El policía que hizo la llamada mantuvo que escuchó “al menos tres detonaciones de arma de fuego”. El recuento de Policía Científica halló 15 casquillos percutidos por los tres policías locales que ahora están procesados. Los especialistas de Balística determinaron que la bala que le entró por la cabeza a David Prieto Fandiño (el copiloto) fue disparada por la pistola Heckler and Kock (H&K) con número de serie 24-097641 perteneciente al agente Antonio Miguel G. M.

Cuando el policía fuera de servicio se acercó al coche tiroteado, vio que tres compañeros suyos estaban con Roberto García, que se hallaba sentado en el suelo cerca de la parte trasera del coche. Otros tres rodeaban a David Prieto, que se encontraba con la puerta semiabierta. Este murió al mediodía del día siguiente (22 de noviembre) a consecuencia del disparo recibido en la cabeza. La acusación particular, ejercida por su madre, María José Fandiño, y representada por el abogado José María Garzón, pide la condena por un delito de asesinato, lo que supone de 15 a 20 años de prisión.