El juez envía a juicio a Serra y Todó por los sueldos en CatalunyaCaixa

El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ha resuelto seguir adelante con el procedimiento contra los expresidentes de CatalunyaCaixa Narcís Serra y Adolf Todó, el director general adjunto, Jaume Masana, y 39 antiguos miembros del Consejo de Administración de la antigua caja de ahorros por los aumentos salariales asignados a los directivos cuando la entidad estaba al borde de la quiebra y requirió del auxilio del Estado. En el auto, el juez da por cerrada la instrucción y rechaza archivar el caso al considerar que hay indicios para llevar a juicio a los antiguos gestores y los miembros del órgano de gobierno de la que fuera la segunda caja catalana. La resolución, contra la que se puede interponer recurso de reforma ante el mismo juez, ordena que se dé traslado de las diligencias a la fiscalía y a las partes personadas —la CUP, Ausbanc y el FROB— para que soliciten la apertura del juicio oral y califiquen los delitos del caso.

La polémica cuestión de los sueldos de los antiguos gestores de CatalunyaCaixa está a un paso de ser juzgada. Todó y Masana se incorporaron a Caixa Catalunya a comienzos de 2008 para enderezar el rumbo de una entidad tocada sobre todo por la aventura inmobiliaria que había emprendido el anterior director general, Josep Maria Loza. El precio de esa labor pasó por el Consejo de Administración del 26 de marzo de ese año: una remuneración fija de 600.000 variables y otra variable equivalente al 35% de la fija.

La Fiscalía Anticorrupción, no obstante, llevó al juez las subidas salariales que se efectuaron a partir de 2010. Ese año se produjo la fusión entre las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa y una primera inyección de fondos públicos de 1.250 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), apenas un 10% de lo que finalmente acabaría requiriendo la entidad, que fue nacionalizada y finalmente vendida mediante subasta a BBVA. El Estado ha acabado perdiendo unos 12.000 millones con esa operación.

La interlocutoria expone que CatalunyaCaixa convino con Todó y Masana cláusulas “por rescisión anticipada” y de prejubilación, “retribuciones variables y pagos en pensiones mediante pólizas” que “exceden” la “prudencia y buenas prácticas” en una caja de ahorros, en especial cuando esta tuvo que ser rescatada con “dinero público, de todos los contribuyentes”. El auto, además, concreta la cuantía de esos aumentos. Todó “disfrutó” de una subida salarial de 212.000 euros en tres años y de una retribución variable que en 2010 pasó del 35% al 50% del salario fijo. En el caso de Masana, el Consejo la aumentó del 35% al 45%. Esas subidas se produjeron, recuerda el juez, cuando el FROB estaba a punto de inyectar fondos públicos gracias a dos acuerdos que considera contrarios a “los intereses de la entidad”: el de 19 de enero de 2010, por el que se aumentó la asignación variable de Todó y Masana, y otro de 13 de octubre, que aprobó la subida salarial para 2011 de todos los miembros del comité de dirección.

En el auto, fechado el pasado 16 de diciembre, también señala que los consejos de administración de CatalunyaCaixa —formados por representantes de las entidades fundadoras de las tres antiguas cajas— aprobó los contratos que Todó y Masana suscribieron en 2008, que incluyen “derechos por pensiones y prejubilaciones” por “un importe tan elevado como perjudicial para los intereses de la entidad”.

El juez señala las “elevadas” dietas que cobraba Serra en CatalunyaCaixa

El juez también recuerda que cuando entraron Todó y Masana el presidente de la entidad era el exministro socialista Narcís Serra, que define como “mero cargo representativo” pero que en cambio “tenía elevados emolumentos en concepto de dietas”. En su declaración ante el juez, Serra aseguró que esa decisión estuvo avalada por el Banco de España y por consultoras externas a las que se pidió asesoramiento. “Era la forma normal de retribuir en el sector”, dijo entonces Serra.

El juez García de Eulate López rechaza las demandas de archivo al observar que “no existe controversia acerca de la realidad de los hechos denunciados” y rechaza que deba pronunciarse sobre un “error” o “ausencia” de dolo derivado “de la falta de formación académica o conocimientos empíricos” de los denunciados. Es más, el juez considera que se presume todo lo contrario, al haber “aceptado” u “optado libremente” a esos cargos. El juez, además, concluye que todos los imputados, tanto los que se beneficiaron directamente de los sobresueldos como el resto, en su intención “de ser bien vistos en la institución y abriendo puertas a alguna expectativa o posibilidad futura”, tomaron las “aparentemente reprobables decisiones” que llevaron a esas subidas salariales.

A pesar de que al comienzo la denuncia se dirigía a los 54 miembros del consejo de administración de CatalunyaCaixa, durante la instrucción el juez archivó la causa para doce de ellos al haber rechazado esos incrementos.

La retribuciones de Adolf Todó y Jaume Massana también se han visto envueltas en la polémica al desvelar el Banco de España que entre 2008 y 2012 los dos directivos cobraron 7,1 millones y 4,2 millones, respectivamente, de la entidad. Esta cifra supera en un 62% a los 4,1 y 2,9 millones que inicialmente CX había enviado al juzgado. El aumento se explica principalmente por aportaciones a planes de pensiones y por retribuciones variables no comunicadas.

El consejo asignó planes de pensiones “perjudiciales” para la caja, según el juez

La retribución de Adolf Todó es a su vez objeto de otro procedimiento. En este caso, se trata del despido procedente efectuado por el FROB en junio de 2013 argumentando errores en la gestión. El juzgado de lo Social número 8 de Barcelona, sin embargo, dictó sentencia a favor de Todó y Masana al declarar la “improcedencia” de los despedidos, lo cual posteriormente fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El FROB ha recurrido ese fallo.

La CUP, que se personó enseguida en la causa, se felicitó ayer en un comunicado por la decisión del juez de rechazar el archivo de la causa y seguir con el proceso. “Se trata de un primer paso en la fiscalización del saqueo de CatalunyaCaixa” y contra quienes “a pesar de la inyección de dinero público han provocado la desaparición del modelo de cajas”, dijo.