Imputados el alcalde de Arcos y un senador por colocar a 16 familiares

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha imputado al alcalde de la localidad, José Luis Núñez, y a dos delegados de su gobierno. Uno de ellos, Sebastián Ruiz, senador del Partido Popular, por 16 casos de supuesto enchufismo a familiares directos en el Ayuntamiento arcense y por otros nueve casos de colocación de miembros de la lista electoral de Alternativa Independiente Progresista (Aipro), socio del PP en el gobierno municipal. El juez Rodrigo Merello acordó, en una providencia firmada el pasado 11 de diciembre, citar a declarar a los tres munícipes tras admitir a trámite una querella presentada por Joaquín Macías, concejal del PSOE en la oposición.

El edil socialista denunció al regidor del PP y a ocho delegados de su gobierno por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. En el escrito, de más de 20 páginas, detalla una a una las contrataciones que ahora investiga el magistrado. En la querella se recoge que el cuñado del alcalde fue fichado como carpintero de forma temporal en 15 ocasiones entre diciembre de 2012 y hasta la actualidad, siendo la última incorporación la más extensa al comenzar en septiembre de este año. Asimismo, la sobrina del regidor fue dada de alta dos veces en 2014 como auxiliar por un periodo total de un mes y cinco días.

Según se apunta en la querella, el cuñado del senador popular y delegado del área de Hacienda, Sebastián Ruiz, está colocado como electricista desde noviembre de 2011, aunque ese mismo año se le hicieron dos contratos más, uno de un mes y 20 días y otro de siete jornadas. También está colocado como electricista desde 2011 el cuñado del tercer imputado, el delegado de Urbanismo, Manuel Erdozaín (Aipro).

Desde el Ayuntamiento no niegan las contrataciones, pero subrayan en un comunicado que “en ningún caso se ha infringido la legalidad vigente”. “En todo momento la actuación seguida ha tenido como finalidad atender las necesidades del pueblo con el máximo respeto a la ley”, dice el texto. La lista de contratos investigados es amplia. El cuñado del concejal de Hacienda, Carlos de la Barrera, trabajó como administrativo seis meses; su hermana, que sigue en el Ayuntamiento, fue dada de alta en siete ocasiones; y su sobrino, en cinco. El sobrino de la delegada de la pedanía de Jédula fue empleado siete veces y otro sobrino, fichado 10 veces en tres años. Asimismo, dos tíos del edil de Medio Ambiente, Francisco Muñoz, tuvieron cuatro contratos como peones.

La hermana del concejal de Turismo prestó servicios como conserje y el hijo de la misma edil se mantiene de alta como auxiliar administrativo. Al sobrino de la delegada de Servicios Sociales, Juana María Morales, se le empleó como arquitecto y a su hermana, en el Centro Juan Candil. Por último, el sobrino del concejal de Cultura, fue colocado de personal de limpieza.

Según el querellante, todos los contratos se han fraguado “sin un proceso previo de selección a través de convocatoria pública ni de la fiscalización previa del servicio de intervención para constatar que la Administración (sometida a un plan de ajuste) poseía crédito suficiente para contratar”.

Ayer estaban citados a declarar ante el juez el alcalde y los delegados de Urbanismo y de Hacienda. Los dos primeros se acogieron a su derecho a no hacerlo y el tercero, no compareció por su condición de aforado, por lo que ahora el magistrado deberá inhibirse en favor del Tribunal Supremo. Fuentes cercanas al alcalde enmarcan la querella en “una venganza personal” y subrayan que se cuestionan 25 contrataciones de allegados cuando el actual gobierno ha hecho “hasta 15.000 contratos temporales” en un pueblo de 31.000 habitantes. Para el concejal socialista, los fichajes son especialmente graves si se considera que el plan aprobado en pleno establece “la no contratación de personal temporal”.