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Expertas critican que la policía valore el riesgo que corren las maltratadas

Tras el asesinato de mujeres a las que no se consideró en peligro, la decana del Colexio de Psicólogos explica que los agentes "no tienen conocimientos psicológicos forenses"

Una década después de que la ley integral contra la violencia machista entrara en vigor en España, siguen sin existir en Galicia unidades de atención integral a las víctimas ni protocolos forenses de valoración del riesgo. Dos expertas en esta lacra, una abogada y una psicóloga, denunciaron hoy en el Parlamento gallego las carencias y fallos que permiten que, como ocurrió este año, la mayoría de las mujeres asesinadas contasen con un informe policial que apreciaba como bajo o nulo el riesgo que corrían. Esos dictámenes, denunció Rosa Álvarez Prada, decana del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, se basan en formularios de las fuerzas de seguridad, que “no tienen conocimientos psicológicos forenses”.

“Los agentes no pueden detectar la dependencia emocional, no saben de psicopatías, no están capacitados para valorar desde el punto de vista científico los aspectos psicológicos de la víctima o la evaluación de peligrosidad del denunciado”, explicó Álvarez Prada en la Comisión de Igualdade del Parlamento, informa Europa Press. Patricia López Arnoso, representante del Consello da Avogacía Galega en la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española, exigió un protocolo de valoración para el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y “coordinación” para evitar, por ejemplo, que se llame a declarar “varias veces” a la víctima.

Álvarez Prada aludió a “la victimización secundaria” a la que se ven sometidas las mujeres al tener que “ir de servicio en servicio reviviendo su experiencia” para realizar trámites administrativos. Y criticó el discurso de los medios que abordan la violencia machista como “algo inevitable”, con “excesiva visibilización de las denuncias falsas”, que solo suponen un 0,018% de los casos.

La representante del Consello da Avogacía Galega pidió que se “apuren los plazos de asistencia”, tanto en las ayudas económicas como en las terapias psicológicas, y reivindicó la asistencia letrada previa a la interposición de la denuncia. López Arnoso reclamó presupuesto para dar formación a abogados, jueces, procuradores y médicos forenses. La ley gallega establece que la Xunta debe velar por esta preparación, añadió, pero son los colectivos profesionales los que están financiando los cursos.

La abogada López Arnoso denunció finalmente “la contradicción” que supone que la ley estatal de atención integral exija la presentación de una denuncia para tener derecho a justicia gratuita. Este precepto obliga a una mileurista, víctima acreditada de violencia, a pagar su asistencia si se enfrenta a un divorcio, criticó. López Arnoso pidió que se liberen a los juzgados de violencia machista de otro tipo de casos y recordó que el de Santiago lleva también el descarrilamiento del Alvia.