Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Gobierno vasco propone a ETA un plan para agilizar el desarme

La banda iba a emitir un comunicado para posponerlo indefinidamente, según cree el Ejecutivo

El Gobierno vasco hizo pública ayer una propuesta unilateral de desarme a ETA “rápida, viable y efectiva” para acabar con su estancamiento, tras más de tres años de cese definitivo del terrorismo. El Ejecutivo vasco acredita que la banda terrorista tiene un “interés táctico” en posponer esta decisión a la celebración de las elecciones generales de 2015, con la coartada de que “el Gobierno de Rajoy no quiere colaborar en la operación”.

La propuesta a ETA, dado que el Ejecutivo de Rajoy ha rehusado reiteradamente participar en su desarme, es que acepte la creación de un “comité para el desarme” con representantes de la sociedad y las instituciones vascas —del Foro Social y del Ejecutivo vasco— e internacionales —el Comité Internacional de Verificación, que preside Ram Manikalimgam—. Y se compromete a solicitar el apoyo del Parlamento vasco a ese comité.

El Gobierno vasco avala

los buenos oficios de los verificadores"

Ese “comité de desarme” sería, según la propuesta del Gobierno vasco, el receptor de la información con la localización de los almacenamientos de armas y explosivos de ETA, a la que insta a ponerse manos a la obra inmediatamente. Reclama a la banda, además, que los almacenamientos sean “localizables y seguros” para la población. El comité de desarme pondría, a su vez, en manos del Gobierno vasco esta información para que este actúe como “legalmente proceda”.

El Gobierno vasco, que tenía esta propuesta preparada desde hace semanas, decidió hacerla pública ayer al conocer, afirman, un comunicado del Comité Internacional de Verificación en el que certificaba la intención de ETA de posponer su desarme indefinidamente. En dicha nota, ETA se limitaba a señalar que mantenía su “proceso de sellado de zulos”.

El Ejecutivo vasco denunció,en primera instancia, la “invalidez” de una propuesta de “sellado sin verificación ni calendario” como la que hacía ETA. Y eso, casi un año después de la “pantomima de desarme” de una representación de la banda ante dos delegados del Comité Internacional de Verificación.

Pero, a media tarde, el Gobierno vasco decidió dar un paso más y hacer pública su propuesta, la de un desarme ante “la sociedad vasca”, para “quitarle argumentos victimistas a ETA”, que esconde su pasividad desde hace más de dos años en la falta de voluntad del Gobierno de Rajoy sobre este proceso. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado reiteradamente que ETA debe disolverse e indicar a la Guardia Civil dónde tiene sus armas y que, en ningún caso, va a participar activamente en un proceso de desarme. Es más. Ha descalificado el papel del Comité Internacional de Verificación que desde el cese definitivo de ETA, mantiene contactos regulares con la banda terrorista para lograr el desarme, sin éxito.

El Gobierno vasco se muestra escéptico sobre la receptividad de ETA hacia su propuesta. Cree que la banda terrorista ha apostado por postergar el desarme a la celebración de las elecciones generales de 2015, con la perspectiva de que se le presente una composición política más favorable en España. Y, por tanto, un desarme más ventajoso.

Pero el Gobierno vasco, ante la proximidad del año electoral de 2015, no quiere ofrecer a ETA la baza del “victimismo” ni quedar ante la sociedad como un Ejecutivo resignado, ante el “inmovilismo del Gobierno del PP”, que también utiliza electoralmente su “firmeza” ante la banda terrorista. “El desarme es una deuda que ETA tiene contraída con la sociedad vasca”, señaló ayer el Gobierno vasco en su nota.

El Ejecutivo alega, también, argumentos de fondo para defender la agilidad del proceso, lo que denomina “los costes del no desarme”. “La realidad política y social vasca no es la misma con desarme o sin desarme. El no desarme tiene un precio muy alto que la sociedad vasca no tiene por qué pagar”. Entre esas consecuencias, destaca que “impide pasar página” al “constituir un elemento fáctico y simbólico que ancla al pasado y recuerda la amenaza de la violencia”. Otra consecuencia es que se convierte en “obstáculo real que impide desplegar un diálogo plural entre partidos o en el Parlamento”, en alusión al bloqueo de la ponencia parlamentaria sobre paz y convivencia. El no desarme, añaden, “favorece el inmovilismo en política penitenciaria” por parte del Gobierno del PP, “aunque pueda utilizarse como pretexto”.