Gipuzkoa entrega la documentación sobre las ‘vacaciones fiscales’
El director de la Hacienda foral, Xabier Olano, opina que el caso fue planificado por el PNV y el PP con la ayuda de la patronal Confebask
La documentación ha sido entregada pro el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, y por el director de la Hacienda foral, Xabier Olano. Este último ha asegurado que la Diputación ha presentado "un documento escrito y un CD para que la Fiscalía pueda ver facilitada su función y no cajas de cartón u otro tipo de documentación, sino documentación fácilmente manejable", ha puntualizado.
La Fiscalía del TSJPV solicitó a las tres haciendas vascas un resumen detallado "de todas las actuaciones que ejecutaron los responsables del Gobierno en esa época y copia de los acuerdos y resoluciones ejecutados en aras a la recuperación de las ayudas denominadas ilegales".
El requerimiento del Ministerio fiscal se produjo a raíz de las investigaciones abiertas por la denuncia interpuesta por el sindicato ELA por una presunta prevaricación contra los responsables de las administraciones en el periodo de recuperación de estas ayudas, que va "desde 2008 hasta la recuperación íntegra de las ayudas 2011". Los tribunales europeos impusieron al Gobierno vasco y diputaciones forales una multa de 30 millones por su retraso a la hora de recuperar las citadas ayudas después de que fueran consideradas ilegales por las autoridades judiciales comunicatarias.
Olanop, que además es candidato de EH Bldu a las próximas elecciones forales en Gipuzkoa, ha opinado que el caso de las vacaciones fiscales ha sido "uno de los temas más escandalosos vividos en la Administración vasca en los últimos años".
"Fue una estrategia planificada inicialmente por los partidos PNV y PP en colaboración con la patronal vasca Confebask y al final ha dado los resultados que ha dado, a parte de tener que recuperar íntegramente las ayudas ilegales en periodos muy difíciles hemos tenido que abonar entre todos los ciudadanos una multa de 30 millones", ha denunciado Olano.
También ha aclarado que además de las "evidentes responsabilidades políticas" que existen en este caso, la Fiscalía quiere determinar si también hubo "responsabilidades penales", una labor en la que la Diputación guipuzcoana quiere ayudar.
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