¿Hay algo peor que la tasa de paro?

El mayor reproche que se les puede hacer a los sucesivos gobiernos socialistas durante 32 años de gestión en Andalucía es su incapacidad para resolver el drama del paro. La Junta, a través de recursos propios, del Estado o de la Unión Europea, ha dispuesto de ingentes cantidades de millones de euros con un objetivo prioritario, el de crear empleo. El tiempo parece demostrar que ni la Junta —con 273.634 empleados públicos, 45.902 de ellos en la Administración general— ha tenido capacidad para gestionar y controlar ese dinero, ni los intermediarios de tantos planes de empleo –ayuntamientos, empresarios y sindicatos- preocupación alguna en justificar en qué se lo gastaron y qué resultados dieron.

Con independencia de los casos que se están dirimiendo en los juzgados y de las responsabilidades penales que se sustraigan de ellas, resulta descorazonador ir conociendo, un día tras otro, el despilfarro de dinero público destinado a ayudar a los parados que ha tenido lugar en Andalucía. Y sonrojante conocer la opacidad y la discrecionalidad con la que se ha gestionado las ayudas, empezando por el fondo de los ERE y siguiendo con los cursos de formación. Pero eso, con ser mucho, no ha sido todo.

Hace unos días un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas advertía sobre las subvenciones concedidas a los autónomos desde 2007 a 2013. En él, no sólo se destaca la falta de control sobre las mismas, sino la inexistencia de medidas de evaluación para comprobar su eficacia. De un fondo de 365 millones de euros, el 42% está todavía sin justificar al no estar verificado su destino. Con anterioridad, era la propia Junta la que anunciaba que reclama fondos públicos a los 52 grupos de desarrollo rural implantados en la comunidad. Entre 2007 y 2013, estos grupos han gestionado 248 millones procedentes de la Unión Europea para dinamizar la economía de zonas rurales. Hay subvenciones que la propia Administración regional considera que no están bien justificadas.

Ahora mismo está en cuestión en Andalucía el fondo para gestionar los ERE, en el mejor de los casos un coladero de aprovechados en las entrañas de la Consejería de Empleo durante diez años; los fondos para formación, con empresarios y sindicatos realizando un uso manifiestamente deshonesto de las ayudas; los fondos de capital riesgo de IDEA, que no acertaron con el riesgo de empresa alguna, ya que la mayoría se fueron al garete; las ayudas a los autónomos, el 77% otorgadas sin concurrencia competitiva; la gestión de los Consorcios de Hostelería, cuyo sistema se vuelva a cambiar; las subvenciones a los Grupos de Desarrollo Rural, a los que se les exige devoluciones; las ayudas a Delphi… y así un largo etcétera de millones y millones de euros con un resultado demoledor: Andalucía sigue estando en el furgón de cola del empleo en Europa.

Durante esta legislatura, el principal cometido en políticas de empleo de la Junta ha sido exigir devoluciones sobre el dinero que se otorgó sin control alguno. La administración está fiscalizando ahora la fiscalización que no hizo; exigiendo justificar lo que se aprobó sin necesidad de justificación alguna y cambiando procedimientos administrativos que ya existieron y que se quitaron. ¿Hay algo peor que la tasa de paro? Lo hay: tener serias sospechas del uso fraudulento de parte del dinero destinado a paliarlo. Y eso resulta tan frustrante para los ciudadanos como la peor estadística sobre el desempleo