Mònica Oltra pone a prueba el rigor presupuestario

Compromís presentó ayer una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia contra el Consell, extensible a los diputados del PP, por aprobar unos presupuestos que prevén unos ingresos que no tienen “cobertura legal”. “Nosotros no estamos a favor del artículo 135 de la Constitución [que obliga al equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos], pero no entendemos que no afecte a quien lo ha promulgado”, explicó Mònica Oltra, que confesó que desea “un pronunciamiento judicial que dirima” qué puede hacer un Gobierno y qué no dentro del nuevo marco legal.

Por esa razón, la diputada de Compromís Mònica Oltra explicó que la coalición no se personará como acusación y que no buscan que se inhabilite o encarcele a nadie.

La iniciativa de Compromís, presentada ayer por Oltra, también tiene un carácter preventivo, ya que la izquierda teme que si gana las próximas elecciones el Ministerio de Hacienda del PP intente entonces bloquear unos presupuestos que, con toda seguridad, serán casi imposibles de cuadrar.

La denuncia provocó el enfado del Consell y del consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, que la tachó de “pobreza política considerable que no tiene precedentes”. “Esto lo que denota es ansia de poder”, prosiguió Moragues, “quieren coaccionar a los diputados”.

El consejero insistió en que los ingresos consignados en los presupuestos están “sin ningún género de duda dentro de la legalidad”.

Los presupuestos de la Generalitat de 2015 incluyen alrededor de 1.000 millones de euros de ingresos procedentes de un adelanto, no consignado en los presupuestos generales del Estado, del fondo de competitividad de 2017. Y también varios centenares de millones del impuesto sobre depósitos bancarios que ha recurrido el propio Gobierno. Dos recursos no utilizados hasta ahora por el Consell para sortear la infrafinanciación del Estado, que ponen a prueba los límites de la contabilidad creativa y del ámbito de aplicación del artículo 135 de la Constitución.