Fondos europeos que financiaron autovías irán a comedores sociales

Con miles de millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) sucesivos Gobiernos gallegos y españoles construyeron durante las últimas décadas cientos de kilómetros de autovías, entre otras muchas infraestructuras y dotaciones. La situación económica ha cambiado tanto que ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó que la Estrategia de Inclusión Social de Galicia aprobada por su Ejecutivo prevé que en los próximos años los fondos Feder ayuden también a pagar comedores sociales y albergues para personas sin techo. Serán inversiones materiales, ya que para la promoción directa del empleo el mecanismo comunitario fundamental es otro, el Fondo Social Europeo (FSE). El nuevo destino de los fondos Feder es una de las novedades de un plan que suma actuaciones ya en marcha para cuantificar en 522 millones lo que el Gobierno gallego gastará en luchar contra la pobreza hasta 2020, la mayoría en renta básica de subsistencia.

Los principales objetivos del plan de la Xunta serán la lucha contra la pobreza infantil y la reducción de la denominada exclusión territorial, la pobreza que se sufre en algunos puntos del rural y que no está tan bien atendida como en los entornos urbanos. Según el Gobierno gallego, de las 316 medidas previstas, 22 han sido incluidas a petición de las entidades sociales consultadas.

Pero el grueso de los 522 millones anunciados por la Xunta irá a las rentas de subsistencia ya comprometidas actualmente. Según la propia Xunta, “las dos partes más importantes serán las rentas de inclusión social y programas de fomento de contratación de personas en riesgo de exclusión, con una partida de 400 millones”. El Gobierno gallego detalla que para el segundo concepto, el empleo de personas en riesgo de exclusión, programa iniciado este año con cinco millones, habrá un total de 70 millones hasta 2020. En cuanto a las rentas de inclusión social, la principal, la Risga, que abona unos 400 euros al mes a cada beneficiario, cantidad que se incrementa según las circunstancias familiares, tiene presupuestados para este año 40 millones. Y ya hay reservados 47,7 para el próximo. Si se multiplican esas cantidades que benefician en la actualidad a más de 10.000 personas —“esperemos que disminuyan”, dijo ayer Feijóo— por los siete años del plan de la Xunta (la estrategia incluye el año que ahora acaba), solo la Risga ya comprometida se llevaría más de 300 millones de euros hasta 2020.

En la misma rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, y con la dimisión de fondo del fiscal general del Estado, a Feijóo se le pidieron sendas valoraciones sobre el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, que aspira a renovar en el cargo, y sobre la independencia de la justicia. El presidente rechazó opinar sobre Varela y mostró su “respeto” por el trabajo de todos los profesionales de la justicia, “con independencia de que hay determinadas cuestiones que se dictan y que posteriormente se anulan en instancias judiciales superiores”, añadió.

Feijóo dijo que uno de los ejemplos de la independencia de la justicia es que “los fiscales adoptan medidas con las que muchas veces los partidos políticos, la opinión pública, no coincide”. Y añadió a continuación que “si pudimos ver estos años una justicia que abría causas que provenían de años anteriores y que en años anteriores no se abrían y ahora se abren, eso acredita que la Administración de justicia española tiene unas cotas de independencia muy superiores a las que tenía en años anteriores”. Aunque luego Feijóo matizó que esos sumarios no se abrían en años anteriores “probablemente por falta de pruebas, por falta de conocimiento o tal vez por falta de investigación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.