Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
OPINIÓN

Adiós, Torres-Dulce, adiós

Incómodo por las reformas y por el tratamiento de la corrupción, se va antes de que se decida la querella contra Mas

La marcha de Torres-Dulce de la Fiscalía General del Estado tenía que llegar antes o después. Su falta de conexión con el Gobierno recuerda aquellas parejas de las que no se entiende cómo han podido juntarse. Torres-Dulce, conservador, fino jurista, culto, de suaves maneras, es el prototipo, por estos lares infrecuente, del alto funcionario público, fiel servidor del Estado (no necesariamente del gobierno de turno) durante décadas.

Sin descartar la ausencia de químicas personales entre él y las diferentes cúpulas gubernativas (no solo las del Ministerio de Justicia interfieren en la marcha de la Fiscalía), tres son, a mi modo de ver, las causas, que han conducido a la despedida de Torres-Dulce como fiscal general.

Por un lado, no compartía, pues es difícil que un jurista pueda compartirlas, las líneas maestras de una reforma penal autoritaria, sin justificación en la realidad que la motive y de una dureza extrema. Ahí está el informe nada complaciente del Consejo Fiscal a la reforma promovida por el Gobierno, funcionarial en el tono y contundente en el fondo.

Un segundo orden de motivos pivota sobre la lucha contra la corrupción. Si bien es cierto que descartó recurrir la sentencia del jurado valenciano que absolvió a Camps del delito de cohecho —acaba de tomar posesión del cargo— y ello pudo dar ínfulas de impunidad al partido actualmente mayoritario y al gobierno que encarna, lo cierto es que no ha levantado el pie del acelerador en las investigaciones en marcha ni en las nuevas que se han iniciado.

El momento elegido para presentar la renuncia no podía ser otro

Con la estentórea excepción del fiscal de Palma de Mallorca en su cruzada —parece que más bien personal— de salvar a la infanta con un empeño que para sí quisieran todos los que se han visto indebidamente sentados en el banquillo como demuestran las sentencias absolutorias, la Fiscalía, bajo el mandato de quien hoy se ha despedido, no ha flaqueado en la lucha que le incumbe y ha cumplido con su mandato constitucional y legal.

Finalmente, está la querella, que todo apunta que no quería formular, pero que finalmente debió ordenar que se interpusiera, contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por los hechos del 9-N. No solo no la quería interponer, sino que él mismo declaró, el fin de semana anterior a que se presentara, que el tema ya estaba judicializado y que no era necesaria la iniciativa del Ministerio fiscal. Eso debió desairar a la vicepresidenta del Gobierno. Daría por sentado que, como ocurrió con el Consejo de Estado y con el Tribunal Constitucional, sus manifestaciones serían el anticipo literal de las resoluciones de dichos órganos.

Tampoco deben ser ajenas al malestar oficial de aquellos días las temerarias declaraciones —y no por primera vez— de Alicia Sánchez-Camacho. Recuérdese que presumía de tener contactos en Fiscalía, incluso de disponer de algún fiscal de confianza; eso le permitía vaticinar con certeza la inmediata interposición de la querella, interposición que se demoró aún una semana, tras no pocas y tensas reuniones y un papel poco grato de la propia Fiscalía. Ese parece el calendario de acontecimientos.

De esta suerte, el momento elegido para presentar la renuncia no podía ser otro. Estando fijada para el próximo lunes 22 la deliberación para admitir o no las querellas y denuncias, entre ellas de la Fiscalía, contra Mas y varios consejeros del Gobierno catalán, el Fiscal, caso de ser inadmitida total o parcialmente a trámite, no podía presentar la dimisión; debería seguir y gestionar esa derrota ajena —quizás pronostica por él mismo—. En esto también ha sido oportunamente elegante.

Puede haber otros elementos. Quizás. No creo que entre ellos esté el aparcamiento de la reforma procesal que otorgaba la instrucción de las causas penales a los fiscales. Lo que sí ha pesado es que Torres-Dulce, con criterios jurídicos en la mano, ha hecho valer, no su independencia, de la que carece institucionalmente, sino su autonomía de criterio, ajustado a su interpretación de la legalidad. Y ya se sabe que, como dijo el sabio, el que se mueve no sale en la foto.

Joan J. Queralt es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona.