La juez aplaza la decisión sobre si envía a Pérez Boada a la cárcel

La juez que ha investigado un supuesto fraude en la construcción de un hotel en Jalance (comarca del Valle de Ayora, en el interior de Valencia) y que ha abierto juicio contra tres exresponsables del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha aplazado la decisión sobre si envía a prisión provisional al que fue director del organismo entre 2004 y 2009, Enrique Pérez Boada, así como al exalcalde del municipio Ángel Abel Navarro.

La magistrada ha celebrado este martes la vistilla prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la medida cautelar solicitada por la acusación particular. Ésta, que considera a Pérez Boada responsable de malversación, falsedad y omisión del deber de perseguir delitos, había argumentado la prisión provisional alegando que existía riesgo de fuga. Y había puesto como antecedente de ello el ejemplo de José María Tabares, exdirector del Instituto Valenciano de Exportación, que huyó de España tras ser condenado a cinco años de prisión por estafa la década pasada y al que nunca se ha encontrado.

La fiscalía pidió el archivo de la causa contra Pérez Boada y los también exresponsables del IVF José Manuel Uncio y Enrique Benede, y una condena de 18 años de prisión para el exalcalde popular Navarro. Los exdirectivos del ente adscrito a la Consejería de Economía han defendido su inocencia.

La acusación particular solicitó, en cambio 34 años de cárcel para Pérez Boada y Uncio y dos para Benede. Para el exregidor reclamó una pena de 46 años de cárcel. La juez fijó una fianza solidaria para los acusados de 763.000 euros. El juicio se celebrará en la Audiencia de Valencia.

Después de haber escuchado las alegaciones de las partes, la magistrada podría haber decretado el ingreso en prisión, pero ha aplazado la decisión. La prisión provisional solo es aceptada en casos excepcionales, en los que el peligro de que el imputado intente sustraerse a la acción de la justicia, por ejemplo, resulte muy elevado, por lo que en la mayor parte de los casos la petición es rechazada.

Los querellantes, dos antiguos miembros del consejo de administración del hotel, acusan a los exdirectivos del IVF, al regidor y a otras seis personas de haberles estafado en la concesión y tramitación de un crédito para construir el hotel. Al no devolver el préstamo, en el que participó el IVF, el hotel entró en concurso de acreedores, y tanto el negocio como sus bienes fueron subastados.