El fiscal superior da peso a la querella por opacidad contra cuatro consejeros

El fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Antonio Montabes, dio este jueves peso a la querella contra cuatro consejeros de la Generalitat por negarse a facilitar información a diputados de la oposición que tramita un juzgado de Valencia. “Es una cuestión que tiene mucha enjundia, tiene importancia”, afirmó Montabes en su comparecencia anual ante el Parlamento autonómico. El fiscal apuntó que el asunto llegará probablemente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano por afectar a aforados, y adelantó que se efectuará un “estudio concienzudo de la cuestión”.

La querella fue presentada en noviembre por Esquerra Unida, una formación que cuenta con 18 sentencias favorables contra la negativa de miembros del Gobierno de Alberto Fabra de facilitarles documentación. La denuncia se dirigió contra el vicepresidente y responsable de Agricultura, José Ciscar; la titular de Educación y Cultura, María José Catalá, que es también portavoz del Consell; de Infraestructuras, Isabel Bonig, y de Economía, Máximo Buch. Y también contra el exconsejero y hoy delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano.

Los datos de la Fiscalía desgranados por Montabes ante las Cortes indican que las denuncias contra aforados prácticamente se han doblado en tres años. En 2011, cuando Francisco Camps dimitió como presidente de la Generalitat salpicado por el caso Gürtel, fueron 31, mientras que el año pasado ascendieron a 59.

La inmensa mayoría son rechazadas por la Fiscalía Superior o por el propio Tribunal Superior de Justicia, que suele redirigir a los denunciantes a juzgados ordinarios para que realicen la investigación inicial y determinen si la cuestión tiene fundamento. El total de denuncias contra aforados incluyen las que señalan como supuestos responsables a jueces y fiscales, pero el grueso se dirige contra diputados y miembros del Gobierno autonómico. Un fenómeno que la Fiscalía teme que aumente ahora en periodo prelectoral.

Montabes aplaudió la decisión del Tribunal Supremo de zanjar el debate sobre en qué momento un procedimiento no puede cambiar de órgano judicial por el hecho de que alguien deje de ser aforado (por ejemplo al presentar su dimisión) o porque pase a serlo (como sucede al ser elegido diputado). La frontera, que el Alto Tribunal ha establecido con motivo de las dimisiones de las exconsejeras y exdiputadas autonómicas valencianas Milagrosa Martínez y Angélica Such días antes de que empezaran a ser juzgadas en una pieza separada del caso Gürtel, se ha establecido en el momento en que el magistrado dicta la apertura de juicio oral.

El fiscal superior dio un paso más y, en línea con lo que han reclamado los jueces decanos de España, cuestionó algunos elementos del aforamiento. “Cuando se trata de un hecho posiblemente delictivo que no se ha cometido en el ejercicio del cargo, no tiene ningún sentido”, afirmó. El TSJ juzgara en enero uno de esos casos: el que afecta a la diputada popular Elisa Díaz, acusada de dejar sorda de un oído a una ciudadana británica de un golpe en Orihuela.

En su comparecencia Montabes volvió a reclamar más medios a la Consejería de Gobernación y Justicia. Afirmó que hay problemas graves en algunas sedes —calificó la de Alcoi de “auténtica chapuza, indecorosa e indigna”—. Aseguró que hay fiscales que no disponen de ordenador, y que su propio teclado “no escribe ni la f ni la d”. El responsable del ministerio público en la Comunidad Valenciana adelantó el nombramiento de un tercer fiscal anticorrupción en Valencia. Algo “muy conveniente”, dijo, “porque hay muchísimas causas y muy complejas”.