El juez exculpa al alcalde de Ourense por la adjudicación de un contrato

La justicia levanta una de las espadas de Damocles que pesaba sobre el Gobierno de Ourense. El hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 2 ha concluido la investigación del caso Bedoya, en la que indagó supuestos delitos de prevaricación, fraude o concertación empresarial, tras adjudicar el gobierno bipartito de 2008 una obra de 593.000 euros mediante un procedimiento negociado urgente y sin publicidad, a una empresa de la que era director financiero un miembro de la ejecutiva local del PSdeG, que además ocupó el puesto 14º en la lista socialista. Antonio Piña, que ha sido nombrado nuevo presidente de la Audiencia de Ourense, ha decidido enviar a juicio al exedil del BNG Andrés García Mata, al exasesor jurídico jefe del Ayuntamiento Luis Tros y a tres empresarios. Al mismo tiempo ha levantado la imputación que pesaba sobre los restantes políticos socialistas y nacionalistas de la Junta de Gobierno que adjudicó formalmente la obra.

Entre los políticos exculpados se encuentran el actual alcalde, Agustín Fernández, su antecesor, Francisco Rodríguez, o las ediles socialistas Marga Martín y Áurea Soto. También han sido desimputados cuatro exconcejales del Bloque. El juez explica que no puede encausar a toda la Junta de Gobierno porque sus integrantes “carecían del conocimiento previo de esa omisión”. La práctica totalidad de los políticos imputados hasta ahora explicaron en sus pruebas testificales que ese órgano se limitaba a aprobar los asuntos sin leer o repasar los expedientes. A pesar de ello, el juez cree “difícil de explicar” que ediles con formación jurídica no se percatasen “de la ilegalidad del procedimiento”. La investigación del magistrado insiste en que la reforma de la céntrica calle ourensana se debió haber adjudicado mediante un procedimiento negociado urgente con publicidad, ya que superaba los 200.000 euros.

Piña cree que el extitular de Infraestructuras, García Mata, era “pleno conocedor de que el procedimiento elegido no era el adecuado” porque, según ha quedado acreditado mediante las pruebas practicadas, fue advertido por funcionarios como el asesor jurídico o el interventor, lo que demuestra una “actitud dolosa” en su presunto proceder “prevaricador”. Además, señala que “resulta notoria la concertación de las empresas entre sí” que fueron invitadas por el concejal al concurso. Según el juez, “hay relación familiar entre sus gestores” y, además, presentaron el mismo pliego de condiciones en el registro con escasos minutos de diferencia. El juez concluye que dos de las tres empresas invitadas en secreto (Ocasa y Betunes) son la misma y que la tercera (Opain) está presidida por el hijo del dueño de Ocasa y participada por esta.

El auto que pone fin a la investigación no es firme y contra él cabe recurso. Además todavía no ha sido notificado a las partes, lo que ha motivado que la defensa del exasesor jurídico jefe del Ayuntamiento encausad, haya presentado un escrito en el juzgado en el que pide que se “aclare” por qué han tenido conocimiento del fin de la instrucción a través de la prensa. El letrado reclama “que se depuren responsabilidades con expresa reserva de toda clase de acciones de índole penal”. Aquella misma Junta de Gobierno de 2008 acordó otra reforma –la céntrica plaza de Paz Nóvoa– siguiendo un procedimiento administrativo idéntico que también fue denunciado y que, según fuentes judiciales, se mantiene paralizado porque la competencia para su investigación “está sin resolver”.