Ultimátum del fiscal a un líder gitano tras la fuga de 410 personas de la etnia

Sinaí Giménez, cabeza visible de la poderosa casa real gitana radicada en Tomiño, tendrá que garantizar el “respeto a los derechos y libertades de las personas” y dar paso de inmediato a una “negociación” y una “resolución consensuada y pacífica del conflicto” que provocó el mes pasado el éxodo de 410 miembros de su etnia fuera de Galicia. El fiscal jefe, Carlos Varela, le dio ayer una oportunidad al líder para alcanzar un acuerdo antes de “decidir definitivamente si ejerce la acción penal” contra él, en relación con la guerra desatada por el control de los puestos en los mercadillos.

Para ello, las familias que emprendieron la fuga desde O Porriño y Tui (buscando refugio en casa de familiares de Zamora, Valladolid, Palencia, Bilbao o Santander) deberán gozar de libertad para trabajar y decidir su futuro al margen del supuesto control y las imposiciones de una cooperativa de vendedores ambulantes dominada por la familia del rey. El fiscal jefe de Galicia informó de estas condiciones a Sinaí Giménez, hijo del patriarca del clan, Olegario Giménez, alias Morón, tras prestar declaración en A Coruña en calidad de denunciado.

De esta manera, con la intervención de la Fiscalía Superior, se abre la puerta a una solución equilibrada del conflicto que desde hace ya casi mes y medio se encontraba totalmente cerrada por las supuestas imposiciones de la familia que controla la cooperativa y el “pánico” que, según personas cercanas, manifiestan tener los otros. Estos 410 vecinos de la provincia de Pontevedra que a causa de unas presuntas amenazas no se atreven a montar los puestos de venta (para los que tienen licencia) desde finales de octubre, son los llamados gitanos zamoranos. Más de un centenar de niños de estas familias faltaron a clase casi todo este tiempo, tanto durante el supuesto destierro que los obligó a dejar atrás sus pisos y sus bienes como antes y después, en el tiempo en que, por “miedo”, permanecieron encerrados en sus casas con sus padres y abuelos. Ayer, coincidiendo con la citación en la fiscalía de Giménez, los pequeños volvieron a sus aulas en colegios de Tui y O Porriño. Vecinos payos del barrio porriñés de Torneiros, donde habitan pisos de promoción pública buena parte de estas familias que marcharon tras una “advertencia” del clan del Morón, aseguran que los zamoranos se plantean volver a trabajar desde el lunes que viene. Mientras tanto, “han gastado los ahorros que tenían y se encuentran en la miseria”, explican. “Desde que volvieron del exilio el día 30 [de noviembre], sobreviven con alimentos que les dan los servicios sociales del Ayuntamiento y la gente del barrio”.

La denuncia en la fiscalía fue presentada por el payo Francisco Romero Alvite, que preside la Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos. Según este vendedor, compañero en mercadillos de los zamoranos, el clan del que se proclama “rey”, Olegario Giménez, es “una casta” que “extorsiona” con “prácticas mafiosas” a “los propios miembros de su etnia” como si se tratase de “gitanos de segunda”. Romero explica que presentó, “en tres entregas, 66 documentos” que demuestran las “presiones” ejercidas por los Morones para vaciar la “supuesta cooperativa” de la que también formaban parte los zamoranos y disponer de las plazas, presuntamente para entregarlas a otros gitanos.

“La vía de solución del problema pasaría, en todo caso, por permitirles a los vendedores el libre ejercicio de su actividad, sin ningún tipo de represalia, regularizando su situación laboral y garantizando su incorporación inmediata a los mercados locales”, exige el fiscal en una nota. “Además, debe respetarse el derecho de los afectados a gestionar su alta como autónomos al margen de la cooperativa”.