Andalucía impulsa una ley que regula la moratoria para el ‘fracking’

Los dos partidos que sostienen al Gobierno, PSOE e Izquierda Unida, han defendido por separado sendas proposiciones de ley sobre la polémica técnica del fracking, la extracción de gas no convencional a través de fractura hidráulica. IU ha defendido prohibir en todo el territorio andaluz la realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos y gases roca que suponga la utilización de ese controvertido método, pero sus 12 diputados han acabado votando a favor de una iniciativa del grupo socialista que defiende no la prohibición sino una moratoria de dos años, que puede ser prorrogada, “hasta tanto no existan estudios científicos que determinen, con el máximo nivel de certeza” que la utilización del fracking “no tiene afección negativa para las personas, las aguas y el medio ambiente en general”.

Las grandes empresas buscan alternativas al previsible agotamiento de los combustibles fósiles convencionales a través de la extracción de gas de pizarra que se encuentra a mucha profundidad. Esa sería la cara buena de una actividad que persigue acabar con la dependencia energética del petróleo. Pero esta técnica trae consigo muchas zonas de sombra con dudas no resueltas por los científicos, entre ellas, los daños que pueden sufrir los acuíferos por posible contaminación con los productos químicos que se utilizan.

Tanto la portavoz socialista Josefa Vioque como el diputado de IU Manuel Baena han insistido en estos aspectos en la defensa de sus propias iniciativas, citando informes de la Comisión Europea y del Parlamento de Estrasburgo que plantean grandes interrogantes sobre el uso de la fractura hidráulica. “El consumo de agua choca con algunas de nuestras vocaciones fundamentales como el turismo o la agricultura”, ha asegurado Baena, quien ha defendido con vehemencia la necesidad de prohibir esa técnica en suelo andaluz.

Para los populares los argumentos de la izquierda son “apocalípticos”

Los socialistas se han decantado por la moratoria porque creen que una ley autonómica que recoja la prohibición será de inmediato recurrida por el Gobierno central. La actual ley de Hidrocarburos, modificada durante la etapa del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, dificulta a las comunidades autónomas a la hora de actuar en este terreno. Y para evitar que la ley acabe paralizada por el Tribunal Constitucional optan por la moratoria, aunque podrá ser prorrogada, señaló Vioque. Cantabria aprobó, con el apoyo del PP, la prohibición del fracking, pero ha sido recurrida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

IU ha votado a favor de su texto y al del PSOE, mientras los socialistas se han abstenido en el de sus coaligados. A partir de ahora la iniciativa se tramitará en la comisión de Medio Ambiente como proposición de ley. La propuesta deja claro que “no se autorizará dicha técnica, ni la construcción de infraestructuras e instalaciones con este destino, en terrenos pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y en los suelos urbanos, urbanizables y no urbanizables sujetos a algún régimen de protección”.

El Partido Popular no ha dejado pasar por alto la extraña circunstancia de que los socios del Gobierno andaluz presentaran cada uno por su lado su propia propuesta legislativa. “¿Cómo es que no traen un proyecto consensuado y riguroso? Se nota que tenemos próximamente elecciones municipales”, ha dicho el popular Juan Gázquez. Este diputado ha atribuido la defensa de la prohibición del fracking al empuje de Podemos —en concreto a Pablo Iglesias, al que ha llamado Pablo Nicolás Ceausescu—. Según Gázquez, los partidos de izquierdas esgrimen argumentos “apocalípticos” sobre la fractura hidráulica cuando lo que ocasiona daño al medio ambiente son las depuradoras de aguas residuales que no se han construido.