Rajoy es el tapón

El miedo guarda la viña dice el refrán y quizá sea cierto para las cosas de la agricultura, pero no es nada seguro que este consejo valga ahora mismo para la Constitución Española de 1978. El presidente Mariano Rajoy teme que la inestabilidad política se adueñe del futuro de España si se emprende la reforma de la Constitución que algunas fuerzas políticas reclaman desde hace años y ha anunciado solemnemente que él y su partido la rechazan. Pero se equivoca.

La derecha española aceptó a regañadientes convertir en constituyentes las Cortes surgidas de las elecciones de 1977, pero ahora considera que el gran pacto constitucional refrendado el 6 de diciembre de 1978 es el mejor de los instrumentos para defender sus intereses. Esto es algo de lo que todos los ciudadanos españoles tienen que congratularse, pues la experiencia del siglo XX enseña que cuando la derecha no se ha encontrado cómoda en el régimen político ha preferido la dictadura.

En 1977 sucedía que dotar a España de una constitución democrática era la única forma de salir de la dictadura y, muerto el dictador, esta es la razón por la que el conservadurismo español aceptó entrar en el debate constitucional. La alternativa era, simplemente, la ausencia de democracia, la represión del movimiento obrero, de la agitación en las universidades, de las reclamaciones de autogobierno en Cataluña y Euskadi y la continuidad del aislamiento internacional.

La situación alcanzada tras 36 años de democracia es tan distinta que no merece comparación. El régimen de libertades está consolidado y ha dado enormes frutos. Pero el conservadurismo es el conservadurismo y así como antes de las elecciones de 1977 se resistía a darles el carácter de constituyentes, ahora el PP se resiste también a lo que teme como la apertura de una caja de la que no sabe qué va a salir. Porque, como en la década de 1970, también ahora la calle hierve, la corrupción campa, el malestar político se extiende, Cataluña se revuelve.

Lo cierto es que, en algunos aspectos, sí volvemos a estar como antes de las elecciones de 1977. No estamos ante una quiebra política como la de la dictadura franquista en 1977, pero son numerosas y muy cualificadas las voces que hablan de una crisis de régimen, de final de ciclo. Es justamente por esto que, como en 1977, todas las fuerzas políticas menos el PP de Mariano Rajoy creen que ahora conviene abordar la reforma o, en algunos casos, incluso abrir directamente un nuevo proceso constituyente.

Lo quieren el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, la UPyD de Rosa Díez y es lo que en realidad está ya comenzando a suceder en Cataluña cuando los dos partidos de la actual mayoría de gobierno en el parlamento autónomo, Convergència i Unió y Esquerra Republicana, debaten en público sus respectivos proyectos para crear un Estado catalán, para sustituir el marco constitucional español por otro catalán.

La mayoría absoluta de que dispone el partido de Rajoy en las Cortes le permite frenar las propuestas para la reforma de la Constitución, ignorar sus argumentos para llevarla a cabo e incluso hacer ver que la vía de hecho que pugna por abrirse paso en Cataluña será controlable, precisamente, gracias a lo que el presidente presenta como su firme voluntad de aplicar la Constitución. En última instancia, esa firmeza de la que Rajoy hace gala es una amenaza de recurrir a medidas de excepción que, en la práctica, serían el reconocimiento de la crisis constitucional que de momento se niega a admitir.

Lo que está sucediendo con la Constitución de 1978 es un caso de apropiación por parte de una fuerza política, que ha encontrado la manera de convertirla en su instrumento particular y le parece el mejor posible para garantizar su hegemonía. Incluso ha logrado constitucionalizar expresamente la prioridad de los intereses financieros sobre los sociales, aunque cabe recordar que en este punto lo ha hecho en complicidad con el PSOE.

Al mismo tiempo, el PP de Rajoy está procediendo sistemáticamente al vaciado del contenido político de la autonomía regional, al que pretende reducir a la condición de mera administración periférica prestadora de servicios. Las tres décadas largas de desarrollo institucional de la Constitución ha convertido un sistema inicialmente concebido como multipartidista en un duopolio formado por dos partidos que en la práctica actúan como sus únicos propietarios y generan, en consecuencia, una creciente desafección entre quienes no se identifican con alguno de ellos. Que, a estas alturas, está claro que son la mayoría de los ciudadanos.

La Constitución ha cumplido otro año, con suficiente salud como para garantizar algunas cosas que antes de ella no lo estaban. Por ejemplo, la libertad de opinión, expresión y acción política que ahora permite a los ciudadanos sostener ideas y proyectos tan distintos a la propia Constitución como para exigir su reforma o sustitución. Pero se está acumulando mucho descontento político y, sin reforma, la Constitución es una botella que no podrá contenerlo. Rajoy es el tapón y nadie sabe cuando saltará, pero cada día falta un día menos.