Uber lanzará un servicio para compartir trayectos en 2015

Ni multas que suman más de 100.000 euros, ni más de medio centenar de sanciones en trámite en la Comunidad de Madrid y en Cataluña parecen frenar a Uber, la aplicación que permite contratar viajes en coches de particulares. Por el contrario, la empresa planea traer al país el próximo año su producto más reciente: UberPool, según explicó el responsable de la compañía en España, Carles Lloret, en una entrevista con EL PAÍS.

La nueva herramienta, a diferencia de la que ya opera en Barcelona, Madrid y Valencia —llamada UberPop—, permitirá que otros usuarios se sumen al viaje en cualquier momento y dividirá el precio del tramo compartido entre todos los pasajeros. Es decir: si alguien va de un punto A a un punto D y, en el camino, otra persona sube al coche en un punto B y se baja en otro C, el coste del trayecto entre B y C será pagado a medias por ambos viajeros. Por ahora, este servicio solo está disponible en San Francisco y París.

"España es un mercado muy atractivo porque la aplicación crece muy rápido. Si comparas los 200 primeros días de la app en Barcelona y París, el número de usuarios en la primera multiplicó por 3,5 el de la segunda", asegura Lloret. La capital catalana fue la primera urbe española donde aterrizó la aplicación, en abril. Ocho meses después, la ciudad ya cuenta con "decenas de miles" de viajeros registrados y miles de personas inscritas para ser conductores, según Lloret.

Además de UberPool, la empresa prevé ampliar el servicio de UberPop a otras localidades españolas en 2015 ante la gran acogida que afirma tener en el país. Habrá que fiarse de su palabra: la tecnológica se niega a revelar cifras de usuarios, chóferes y hasta de empleados, aunque Lloret asegura que su plantilla se ha cuatriplicado en lo que va del año. La discreción de la compañía alcanza a sus directivos: solo el CEO, Travis Kalanick, y el gerente para Europa Occidental, Pierre-Dimitri Gore-Coty, están autorizados a aparecer en la prensa, por lo que Lloret no pudo ser fotografiado para esta entrevista.

Uber se expande a pesar de las medidas tomadas por diferentes administraciones en su contra. La Comunidad de Madrid ha abierto 25 expedientes a la compañía desde que llegara allí en septiembre, la mayoría, por ofrecer transporte de viajeros sin licencia. A estos se suman otros 23 abiertos a sus conductores. La Generalitat ha impuesto a la firma estadounidense 28 multas de 4.000 euros cada una por el mismo motivo y otras 28 de importe idéntico a sus chóferes. El Gobierno catalán tramita otras 72 sanciones.

Lloret evita hablar sobre casos "específicos" y defiende que Uber cumple con las normas: "La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres permite compartir gastos y eso es lo que hace UberPop. Nuestros conductores no tienen ánimo de lucro porque el dinero que obtienen es equiparable a los costes de posesión y de mantenimiento de un vehículo. Tener un coche puede costar hasta 6.000 euros al año".

El dinero que obtienen nuestros conductores es equiparable a los costes de posesión y de mantenimiento de un vehículo

Uber sostiene que, "a día de hoy", su actividad en España no genera beneficios a sus chóferes. Pero Lloret espera que esto pueda cambiar en el futuro: "Nosotros creemos que la economía colaborativa, a la que preferimos llamar economía peer-to-peer (de particular a particular), sí puede tener ánimo de lucro. No permitirlo sería limitar muchísimo su potencial. En mercados más avanzados como Estados Unidos, por ejemplo, la gente está encantada de poder usar Uber durante unas cuatro horas para generar unos pequeños ingresos extra después de acabar su jornada laboral". 

Respecto a la guerra declarada por el sector del taxi, Lloret asegura "entender" que los taxistas "se sientan amenazados a corto plazo porque históricamente no han tenido nada de competencia o muy poquita". Pero insiste en que ambos servicios pueden convivir: "Este periodo de ineficiencias, como llamar a los Mossos d'Esquadra y tal, ha pasado en muchos países donde hoy la regulación ya es clara y contempla a Uber. Esto no es nuevo".

La empresa defiende la "liberalización" del transporte público en vehículos privados: "El modelo actual de restringir el número de licencias de taxis es malo para todos. Primero, para el conductor: ¿Por qué una persona ha de hipotecarse para conducir un coche? No tiene  sentido. La gente debe poder acceder al mercado de transporte de viajeros con la misma facilidad que a montar un supermercado. Obviamente con todas las condiciones de seguridad. Segundo, para el cliente. De ahí todos los taxis vacíos en Barcelona: una inversión tan alta resulta en precios altos".

En la capital catalana, los taxistas han conseguido que la Generalitat incluya en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2015 la inmovilización de los vehículos que transporten viajeros sin licencia e incluso un inciso que parece redactado a la medida de Uber: desde el próximo año será una infracción muy grave la "mediación en la contratación" de este tipo de servicios con independencia de los canales de comercialización utilizados.

Creemos que la economía colaborativa sí puede tener ánimo de lucro

El gerente español de Uber se mantiene firme en que esta medida no afectará a la compañía: "Siempre hay un periodo de estabilización en el que la Administración ve la actividad con cierta cautela y hasta toma decisiones que no van en la dirección en la que realmente irán en un futuro. Es el que estamos viviendo ahora en España". En Barcelona, sin embargo, el sector del taxi da por hecho que los conductores de la aplicación comenzarán a ver sus coches confiscados desde el 1 de enero, ya que la Generalitat se ha comprometido a elaborar un decreto ley en caso de que las cuentas de 2015 no salgan adelante. "Si en algún caso aislado ocurre algo así, valoraremos cómo ayudar de la mejor forma a la persona cuyo vehículo haya sido inmovilizado sin una base legal, al menos desde nuestro punto de vista. No hay un protocolo establecido porque dudamos que vaya a pasar de forma masiva", zanja Lloret.

Afirma que la compañía "entiende, acepta y respeta" la legislación española y que por eso no ha introducido en el mercado otros productos como UberBlack—para conductores de limusinas—. Aunque admite que la intención a largo plazo es poder negociar con las autoridades una adaptación de la normativa que haga viable este tipo de servicios. "Este no es un modelo que se pueda prohibir. Uber y la economía colaborativa han llegado para quedarse".