Presupuestos políticos, recortes sociales

Los presupuestos son la herramienta por excelencia de hacer política. Por eso resulta sorprendentemente reiterativa la afirmación del consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, cuando, al presentar hace unos días las cuentas de la Administración catalana correspondientes a 2015, los calificaba de “altamente políticos”. No pueden ser otra cosa. Pero Mas-Colell, acostumbrado a la matemática del cuadrar caja al céntimo, cuando habla de “altamente políticos” se refiere a los 2.183 millones de euros de ingresos que ha dejado en el aire en las cuentas, a merced de esa divina providencia que encarna en la tierra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El consejero de Economía, que hasta hace dos años tenía a gala meter en los presupuestos solo lo contante y sonante, fía ahora la cuadratura del círculo a que el Gobierno central corrija al alza el objetivo de déficit para Cataluña. Es decir, se trata de unas cuentas que se harán realidad si hay voluntad política —y nada parece indicarlo— por parte del ministerio de Montoro. De momento, el Gobierno central, en un reparto insolidario, solo permite que las autonomías consuman una sexta parte del objetivo de déficit, mientras que son las que desembolsan un tercio del gasto que más afecta a los ciudadanos: el del Estado del bienestar. Y en ese terreno Cataluña sigue en los niveles de hace 10 años.

Esos presupuestos “altamente políticos” son considerados a bote pronto por parte del tercer sector y de los agentes sociales como altamente decepcionantes. Suponen 2.033 euros por habitante, por debajo del nivel de 2004, teniendo en cuenta la inflación. En Salud, por ejemplo, la inversión crece un 1,5%, pero si se deduce la recuperación de la paga extra de los funcionarios —un anzuelo electoralista también “altamente político”— sufre un retroceso de 300.000 euros respecto a 2014. En la ley de acompañamiento de esos presupuestos, la Generalitat ha aprovechado para meter como morcilla que los altos mandos del Instituto Catalán de la Salud puedan tener más de un cargo y compatibilizar su gestión en el organismo público —que controla ocho grandes hospitales y el 80% de la atención primaria— con más funciones de mando en otros centros ajenos al ICS. La ejemplaridad se ha convertido en un bien escaso, pues mientras se consolidan los recortes al personal sanitario, asegura el sindicato Metges de Catalunya, hay nueve gerentes de consorcios y empresas públicas sanitarias que cobran más que un consejero e incluso uno de ellos más que el presidente de la Generalitat. La renta mínima de inserción, por el contrario, mantiene el mismo presupuesto que en 2014. Y las variaciones del presupuesto en Enseñanza —paga al margen— son insignificantes.

Cuando CiU llegó al poder bajo el signo business-friendly su primer objetivo fue hacer desaparecer el impuesto de sucesiones. Artur Mas aseguraba en 2011:“Todas las personas que reciban una herencia en Cataluña tendrán un trato fiscal tan bueno como Madrid o Valencia”, dos grandes referentes impositivos. Y así fue. Esa política de abandono de la presión fiscal en ese y otros frentes —como el de los depósitos bancarios— ha hecho perder ingresos , según la Auditoria Ciudadana de la Deuda, por más de 3.300 millones de euros.

Resulta paradójico que con esas prácticas recientes se afirme que el camino hacia la independencia se emprende, en buena medida, para construir un estado del bienestar eficaz. CiU solo ha alterado su política fiscal cuando se ha visto obligada parlamentariamente en virtud de sus pactos con Esquerra. Cataluña tiene un fraude fiscal estimado de entre 16.000 y 18.000 millones de euros anuales (equivalente a la franja alta del déficit fiscal), según puso de manifiesto hace unos días en el Parlament Miguel Ángel Mayo, coordinador en Cataluña del sindicato de Técnicos de Hacienda. Un 24,6% del PIB catalán vuela y a ello no son ajenos algunos patriotas: hay fuentes que aseguran que más de la mitad de los depósitos bancarios andorranos proceden de Cataluña. Precisamente la comparecencia de Mayo se produjo en el marco de la comisión que investiga el fraude fiscal, la corrupción política, así como los negocios de la familia Pujol, cuyo paradigma andorrano resulta más ilustrativo que edificante. Marta Ferrusola y sus hijas extrajeron 227.000 euros en metálico de sus cuentas en Banca Privada de Andorra entre 2011 y 2014, antes de que la familia transfiriera 3,1 millones a una entidad financiera española para regularizar su fortuna oculta. Este mismo año Hacienda, agradecida, le ha devuelto a la esposa de Pujol 2.137 euros en su declaración de la renta.

Los Pujol no son un caso aislado. La Generalitat debería emprender una campaña —de las que ahora se prodigan en los medios— explicando que pagar impuestos no solo no es una actividad delictiva ni una maledicencia, sino que incluso resulta ética, moral y socialmente rentable. El Gobierno debería tomar nota de que practicar la solidaridad es una tarea que debe emprenderse de forma urgente. De otra manera resulta poco creíble que quienes administran el presente vayan a cambiar en el futuro, por feliz, redistributivo e independiente que lo prometan.