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Imputan a Bankia por la quiebra de la cooperativa de L’Aldea

El 'corralito' en la localidad continúa con 4,5 millones de euros bloqueados

El juzgado de instrucción 1 de Tortosa (Baix Ebre), que investiga el corralito de la sección de crédito de la cooperativa de L’Aldea (Baix Ebre), ha imputado a Bankia por presunta apropiación indebida. La juez considera a la entidad sospechosa de abrir cuentas a los impositores de la sección de crédito de L’Aldea sin que fueran conocedores de ello. Además de Bankia, el mismo juzgado también ha imputado a la exsubdirectora de la entidad en Amposta (Montsià), Manuela Buera, y a la contable de la cooperativa, Mercè Benito, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Bankia tenía un cajero en la sección de crédito de la cooperativa de L’Aldea.

El colapso financiero ocurrió en noviembre de 2011. De la noche a la mañana la sección de crédito de la cooperativa bloqueó 1.190 depósitos de sus clientes con un valor de 5,2 millones de euros. La medida afectó a 3.000 personas, que dejaron de disponer de sus ahorros. Alrededor de 4,5 millones de euros de los impositores continúan bloqueados.

Los mossos acusaron en octubre a 14 personas de inflar en cerca de cuatro millones de euros facturas de la entidad para conseguir un millón en subvenciones europeas. Los agentes detuvieron al exgerente de la cooperativa, Daniel Ferré, acusado de presuntos delitos societarios, falsificación documental y apropiación indebida.

Facturas infladas

 Los mossos creen que Ferré inflaba sistemáticamente los servicios de sus proveedores para obtener una mayor cantidad posible de subvenciones de la Unión Europea. Entre 2005 y 2011 estas ascendieron a un millón de euros, mientras que la cantidad en facturas infladas asciende a casi cuatro millones.

En paralelo, según los Mossos, se generaron ocho millones en facturas por conceptos inexistentes con el objetivo de maquillar la situación financiera de la cooperativa, hoy en concurso de acreedores. Ferré presuntamente habría llevado a cabo estos hechos con la complicidad de una docena de empresarios y un ingeniero, todos imputados. También están imputados el ex director general de Política Financiera de la Generalitat, Ferran Sicart, y responsables de la auditora BDO, que auditaban anualmente las cuentas de la cooperativa. La investigación policial cree que esta empresa pasó por alto irregularidades que habrían puesto en preaviso a los organismos de control.