Valencia pagó a Barrachina 225.000 euros por varios ‘catering’ sin concurso

El Ayuntamiento de Valencia ha recurrido al método de pago ADO —que no exige un expediente previo, se usa para imprevistos y se aprueba por resolución de alcaldía— para abonar 225.000 euros al grupo de Barrachina por los cateringde Fallas servidos entre 2011 y 2013. El Consistorio ha contratado con el grupo Barrachina a pesar de no estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda o la Seguridad Social, algo que prohíbe expresamente la ley de Contratos del Sector Público de 2007.

Consol Castillo, concejal de Compromís en Valencia, insiste en que el Consistorio conocía este hecho —al Ayuntamiento han llegado requerimientos de embargo de la INSS y de Hacienda desde 2011— y, no obstante, continuó con encargos al empresario.

Compromís denuncia también que los servicios de catering se fragmentaran en facturas que no superaban los 18.000 euros a partir de los cuales la ley exige que se licite. Solo hay dos excepciones en el cáterin contratado en 2011, en que se libraron dos facturas —una por 51.684 euros y una segunda por 26.591 euros— , que al superar esos 18.000 euros habrían exigido, según el artículo 122 de la misma norma, un concurso público.

La edil ha exigido responsabilidades al equipo de gobierno de Rita Barberà por la contratación de Barrachina en los últimos años sin cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público. "Mientras Barrachina organizaba cáterin para el Ayuntamiento en fallas, sus empresas incumplían con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y acumulaban deudas con el Ayuntamiento por diferentes concesiones e impuestos municipales", dice Castillo. “Barberá tiene que dar explicaciones por las irregularidades cometidas, por el trato de favor a las empresas ahora en concurso de acreedores y la permisividad con la acumulación de deudas al Consistorio”, critica la edil. Un portavoz oficial respondió ayer que todo es legal, las cuentas están auditadas y si alguien tiene dudas, “que acuda a los tribunales”.

Una de las empresas de Barrachina, que gestionó durante años la Piscina de Valencia, perdió la concesión por incumplir el contrato con el Ayuntamiento, al que ha dejado a deber más de 360.000 euros. La deuda reclamada por la Agencia Tributaria cuando se declaró el concurso superaba los 500.000 euros.