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El último vecino de Arroyo del Fresno resiste en su casa

Su parcela es la única que falta para edificar los 1, 5 millones de metros del nuevo barrio

Tomás Martín en su casa de Arroyo del Fresno, que será expropiada para construir viviendas. Ampliar foto
Tomás Martín en su casa de Arroyo del Fresno, que será expropiada para construir viviendas.

“Firmar ese contrato habría supuesto mi sentencia de muerte”, asegura Tomás Martín mostrando el lugar donde ha vivido y trabajado durante más de 30 años. Nació en Arroyo del fresno, al norte de la capital, y la mitad de su vida la ha pasado entre las cuatro paredes del terreno de 1.228 metros cuadrados que albergan su casa y las de sus dos hijos, con sus respectivas parejas, y nietos. En total nueve personas, “más otra en camino” —porque su hija está embarazada—, a las que se suman otros dos trabajadores del taller de reciclaje establecido en el mismo recinto y del que depende el sustento de toda la familia. Este jueves, si nada lo impide, se quedarán todos en la calle por una orden de expropiación valorada en 700.000 euros, una cifra que dista mucho de los 3.167.968 que estimó un perito contratado por los propietarios.

Hace 10 años, Arroyo del Fresno era una zona verde con casas de una sola planta diseminadas en los 1,5 millones de metros cuadrados localizados entre la M-40, la colonia de Mirasierra y el monte de El Pardo. Hoy solo queda uno de aquellos unifamiliares, el de Martín y su familia. El resto de los vecinos se fueron, acuciados por la construcción del cuarto PAU (Programa de Actuación Urbanística) del norte, que durante 15 años se pensó que era “inminente”. Después de tres lustros de retrasos provocados por errores cartográficos y reveses judiciales, las obras comenzaron el pasado mes de marzo. Lo único que se interpone ahora en la construcción de las nuevas viviendas es la casa de los Martín Fernández.

De las más de 60 familias que residían en este lugar, 55 se adhirieron a la junta de compensación y aceptaron las condiciones que les ofrecieron para abandonar voluntariamente su casa. Recibieron una retribución económica y una indemnización de 800 euros al mes, que sigue vigente, para pagar un alquiler hasta que se construyeran los pisos de protección oficial que les prometieron para realojarlos en su barrio. Se marcharon hace ocho años y siguen esperando.
“Nos fuimos con la condición de que en dos años y medio tuviéramos nuestras casas”, explica el presidente de la antigua asociación de vecinos, Francisco García. “Pero el contrato tenía una trampa. El tiempo comenzaba a contar desde el inicio de las obras”. Las decenas de grúas que ya han empezado a levantar las siete primeras promociones aún no se han acercado a la parcela que les asignaron a los antiguos propietarios. El gerente de la junta de compensación, Luis Ceniza, asegura que las obras comenzarán “en breve”.

Martín y su mujer, María Cruz Fernández, pudieron sumarse a la junta, pero no quisieron. “¿Qué iba a hacer con mi negocio?”, interpela. La junta de compensación le enseñó una nave para trasladar su empresa, pero costaba más de un millón de euros. “Si me dan 700.000 por todo, ¿qué hago? Nos quedamos sin trabajo mi mujer, mi hijo y yo”, lamenta. “Todavía me quedan cinco años para jubilarme y a los 60 no voy a encontrar trabajo en ningún lado”. Sus quejas se trasladaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde puso un recurso para intentar acercar la cifra del justiprecio a su valoración del terreno. “El perito de la junta de compensación valoró la finca por fuera porque yo no quería que entrara a ver mi casa hasta que llegáramos a un acuerdo. Ni siquiera vio los papeles de la empresa. No saben cuánto facturo, ni lo que pago de impuestos”, explica el afectado, que no entiende que les obliguen a abandonar su hogar antes del dictamen del juez. “Nunca me he negado a irme, lo único que quiero es que me den lo que me corresponde”, aclara Martín, que ha gastado 300.000 euros entre recursos y peritajes.

Las constructoras compraron las parcelas donde se están edificando los primeros esqueletos de hormigón por una media de 730 euros el metro, una cantidad inferior a los 1.200 euros que se pedía por el suelo destinado a viviendas protegidas, como las proyectadas para esta zona. Y aunque la Comunidad de Madrid eliminó la limitación en estos precios, mantiene la de los pisos. Los precios máximos legales de venta de las de precio básico y limitado están en 1.940,48 euros y en 2.425,86 euros el metro cuadrado útil. El aplicable será el vigente en el momento de la calificación definitiva. La junta de compensación ha hecho efectivo el pago de 700.000 euros a la familia Martín Fernández a través de la caja general de depósitos del Ministerio de Economía, para que disponga de ellos cuando quiera. Es decir, le pagan unos 570 euros por metro cuadrado.

El último subterfugio antes del día del lanzamiento será “pedir unas medidas provisionalísimas” que, según explica el abogado de la familia, Daniel González, “podrían paralizar la expropiación”. “El planeamiento de la disposición urbanística puede ser nulo porque hay sentencias que anulan parcialmente los planes urbanísticos”. Si esto no funciona, Martín, que ya vivió otra expropiación hace 20 años, se muestra decidido a recurrir al Supremo. “Vamos a seguir luchando”, asegura. De momento, ha pedido ayuda a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que intentará parar el desalojo. “La última palabra —como apunta el gerente de la junta de compensación— la tendrán los tribunales”.

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