Anticorrupción mete prisa a Alaya para agilizar las pesquisas de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a meter presión a la juez Mercedes Alaya para acelerar la investigación del fraude de los ERE. Tras recibir el espaldarazo del Tribunal Supremo a su teoría de que la causa era perfectamente escindible (por un lado la investigación a los aforados y por otro, el resto de implicados), los fiscales del caso han presentado un escrito en el que plantean un nuevo itinerario para sacar adelante la macrocausa, después de haber advertido en más de una ocasión de los riesgos de prescripción por las dilaciones de las pesquisas.

Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, en un escrito registrado este martes, emplazan a la juez Alaya a enviar cuanto antes al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una exposición razonada con los indicios que tenga contra los cuatro aforados autonómicos, los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio.

En la resolución en la que se declaró competente para investigar la causa, el Supremo optó por abrir una causa a los cinco aforados en Cortes (Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera) por su papel en la puesta en marcha del procedimiento administrativo con el que se pagaron los ERE, planteó que el TSJA investigase a los aforados autonómicos y que Alaya se quedase con el resto de la instrucción, que acumula ya 220 imputados.

Los fiscales anticorrupción instan a Alaya a que los avances que se produzcan sobre la puesta en marcha del procedimiento de pago de los ERE sean remitidos al Supremo, así como todo el material nuevo que pueda surgir sobre las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, que solo salpican al diputado en el Congreso y exconsejero de Empleo José Antonio Viera.

El TSJA pide a la Junta que refuerce al juzgado con más funcionarios

Sugieren también que se consulte a todos los imputados que hasta la fecha se han negado a declarar ante Alaya por las dudas suscitadas sobre su competencia para investigar la causa si quieren volver a acudir al juzgado para prestar declaración.

Asimismo, Anticorrupción propone a Alaya que haga piezas separadas sobre las empresas ya investigadas, o en fase avanzada, para que se puedan enjuiciar a lo largo de 2015. Los fiscales citan en concreto nueve empresas, entre ellas Mercasevilla. No obstante, añaden que “la carga de trabajo del juzgado y lo ingente de la tarea hace inoperante la división de la causa en piezas si no se produce de forma inmediata la necesaria provisión de jueces de apoyo, dotados de recursos humanos y materiales”.

En una línea similar se pronunció la sala de gobierno del TSJA, que reclamó a la Junta que aumente la dotación de funcionarios del juzgado de Alaya. Los magistrados recuerdan las macrocausas que instruye la juez (caso Betis, Mercasevilla, los ERE, los cursos de formación y el caso Madeja) y subrayan la baja de la funcionaria que se hacía cargo en exclusiva de varias de estas investigaciones. Los magistrados creen que la dotación de funcionarios del juzgado de Alaya es “escaso e insuficiente”.