La policía infiere que la gerente sabía que el PPCV usaba fondos B en 2004

Cristina Ibáñez Vidal, gerente del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) desde 1995, fue imputada en 2011 por supuesta financiación ilegal. La causa del Tribunal Superior de Justicia valenciano se abrió para investigar presuntos pagos irregulares en las campañas electorales de 2007 y 2008, en los que habría intervenido la trama Gürtel. El último informe entregado por la policía al juez que instruye el procedimiento, José Ceres, retrotrae, sin embargo, las irregularidades en las que presuntamente a ejercicios anteriores. El primer indicio, en orden cronológico, que lleva a la policía a “inferir” que la gerente pudo “ser conocedora” del uso de “fondos B” para pagar actos del partido es de 2004.

Ibáñez, que ha negado los hechos que se le imputan en el procedimiento, no ha contestado a las preguntas de este diario sobre las conclusiones del informe policial de 30 de septiembre de 2014.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) halla el primer indicio contra Ibáñez en un acto celebrado en enero de 2004 en Mislata, parte del cual se habría abonado con “un pago en B, en efectivo, sin factura”.

La policía resalta un “documento con anotaciones manuscritas” en el que “consta en el encabezado del mismo Att. Cristina Ibáñez. PP. Comunidad Valenciana…, de lo que se puede inferir que la misma es la destinataria de la factura”, “y puede ser conocedora” de que “parte del pago se realiza con fondos que la propia organización de Francisco Correa denomina B”.

La policía considera especialmente comprometedor otro de los indicios contra la gerente. Un correo electrónico que Ibáñez “remite” al “responsable financiero” de Orange Market, la empresa de la red en Valencia. El mensaje contenía un archivo, “denominado Orange Market.xls”, con datos contables sobre 48 actos que la firma había organizado para los populares en 2005. Su contenido revela, según los agentes, “la utilización de fondos A y B para el pago” de los mismos.

El archivo es “complementario”, según la UDEF, de otro “intervenido en el domicilio” de la empresa, “en el sentido de que ambos responden a una misma realidad” de uso de fondos opacos concluye la policía.

El archivo “Orange Market.xls” fue enviado desde la cuenta cvalenciana@pp.es. El anterior secretario general de los populares valencianos, Serafín Castellano remitió en abril al juez un listado en el “que se identifican los usuarios entre los años 2005 a 2009 de una serie de cuentas de correo electrónicos”, entre ellas, cvalenciana@pp.es, exponiéndose en que “la usuaria de la cuenta es Cristina Ibáñez Vidal”.

La continuidad de Ibáñez en su puesto contrasta con la línea roja que el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, predica hacia los implicados en causas judiciales. Una exigencia que ha hecho salir a muchas personas de la dirección regional del partido, el Consell y las Cortes Valencianas. La dirección regional explica que Ibáñez depende de la sede nacional del PP, como todos los gerentes regionales. Y la dirección nacional, que sí ha apartado al gerente madrileño afectado por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, no ha decidido relevar a Ibáñez.

El nombre del presidente del PPCV ha cambiado varias veces desde 1995. Y también los de los secretarios generales, vicesecretarios de Organización o tesoreros. La gerente, un cargo orgánico con nula proyección pública, lleva en el cargo, en cambio, desde que los populares llegaron al Palau de la Generalitat.

Ibáñez declaró como imputada en 2012, el mismo día que el extesorero y exgerente nacional Luis Bárcenas, imputado también en el procedimiento abierto en Valencia. Ibáñez dijo que sus funciones consistían en: “Hacer un seguimiento de las cuentas, rellenar los talones para los pagos que me habían autorizado, seguir más o menos los saldos bancarios, intentar hacer un seguimiento de los presupuestos del mes, hacer los asientos contables… Una función muy administrativa y muy técnica”. La gerente señaló reiteradamente al ex secretario general regional y diputado autonómico del PP valenciano Ricardo Costa como la persona que tomaba las decisiones que ella ejecutaba: “Básicamente, todos los pagos se hacían previa autorización de don Ricardo Costa”, declaró.