La policía infiere que la gerente sabía que el PPCV usaba fondos B en 2004
La UDEF reafirma los indicios de financiación ilegal contra Cristina Ibáñez
![Ignacio Zafra](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F4d89325c-7f93-4b69-b7eb-b1b3b272c02d.jpg?auth=eb0419eecf558bcf53cd5f7086dca9762dfd83c9619fba0f80a50674db2f041f&width=100&height=100&smart=true)
![La gerente del PP valenciano, Cristina Ibáñez, en una visita al TSJ para declarar sobre el 'caso Gürtel'.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/GG6S3CZ7BXFQONAKOBP26VBU24.jpg?auth=8389c3d2b480c11db92cbf6a89134fa740aeb9e9db6ddc70b67c66caac311dd8&width=414)
Cristina Ibáñez Vidal, gerente del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) desde 1995, fue imputada en 2011 por supuesta financiación ilegal. La causa del Tribunal Superior de Justicia valenciano se abrió para investigar presuntos pagos irregulares en las campañas electorales de 2007 y 2008, en los que habría intervenido la trama Gürtel. El último informe entregado por la policía al juez que instruye el procedimiento, José Ceres, retrotrae, sin embargo, las irregularidades en las que presuntamente a ejercicios anteriores. El primer indicio, en orden cronológico, que lleva a la policía a “inferir” que la gerente pudo “ser conocedora” del uso de “fondos B” para pagar actos del partido es de 2004.
Ibáñez, que ha negado los hechos que se le imputan en el procedimiento, no ha contestado a las preguntas de este diario sobre las conclusiones del informe policial de 30 de septiembre de 2014.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) halla el primer indicio contra Ibáñez en un acto celebrado en enero de 2004 en Mislata, parte del cual se habría abonado con “un pago en B, en efectivo, sin factura”.
La policía resalta un “documento con anotaciones manuscritas” en el que “consta en el encabezado del mismo Att. Cristina Ibáñez. PP. Comunidad Valenciana…, de lo que se puede inferir que la misma es la destinataria de la factura”, “y puede ser conocedora” de que “parte del pago se realiza con fondos que la propia organización de Francisco Correa denomina B”.
Responsabilidades prescritas
La Fiscalía no investigará lo que la policía describe como un supuesto “sistema” de financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) en lo que atañe al periodo que va de junio de 2002 a febrero de 2004. Entonces, el exjefe del Consell Francisco Camps aún no había tomado las riendas de la dirección regional de la formación, que estaban en manos del expresidente autonómico y exministro Eduardo Zaplana. La fiscalía considera que, en el caso de que pudieran derivarse responsabilidades por los hechos expuestos en el último informe policial dirigido al juez, lo referido a esos años habría prescrito.
Zaplana ha negado haber participado o tenido conocimiento de los hechos que menciona el informe. La policía tampoco lo nombra en el documento, cientos de páginas que analizan pagos de la dirección regional a sociedades de Francisco Correa entre 2002 y 2009.
El último informe policial ha dado argumentos a las acusaciones, que mantienen que los supuestos pagos irregulares de las campañas de 2007 y 2008 no fueron hechos aislados. En el informe, la UDEF llega a la conclusión de que la práctica de pagar parte de los actos “con dinero ajeno al sistema económico legal y la forma de ejecución de los mismos, no son una actividad propia de los años 2007 y 2008”, “sino que se remontan a años anteriores”.
La policía considera especialmente comprometedor otro de los indicios contra la gerente. Un correo electrónico que Ibáñez “remite” al “responsable financiero” de Orange Market, la empresa de la red en Valencia. El mensaje contenía un archivo, “denominado Orange Market.xls”, con datos contables sobre 48 actos que la firma había organizado para los populares en 2005. Su contenido revela, según los agentes, “la utilización de fondos A y B para el pago” de los mismos.
El archivo es “complementario”, según la UDEF, de otro “intervenido en el domicilio” de la empresa, “en el sentido de que ambos responden a una misma realidad” de uso de fondos opacos concluye la policía.
El archivo “Orange Market.xls” fue enviado desde la cuenta cvalenciana@pp.es. El anterior secretario general de los populares valencianos, Serafín Castellano remitió en abril al juez un listado en el “que se identifican los usuarios entre los años 2005 a 2009 de una serie de cuentas de correo electrónicos”, entre ellas, cvalenciana@pp.es, exponiéndose en que “la usuaria de la cuenta es Cristina Ibáñez Vidal”.
La continuidad de Ibáñez en su puesto contrasta con la línea roja que el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, predica hacia los implicados en causas judiciales. Una exigencia que ha hecho salir a muchas personas de la dirección regional del partido, el Consell y las Cortes Valencianas. La dirección regional explica que Ibáñez depende de la sede nacional del PP, como todos los gerentes regionales. Y la dirección nacional, que sí ha apartado al gerente madrileño afectado por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, no ha decidido relevar a Ibáñez.
El nombre del presidente del PPCV ha cambiado varias veces desde 1995. Y también los de los secretarios generales, vicesecretarios de Organización o tesoreros. La gerente, un cargo orgánico con nula proyección pública, lleva en el cargo, en cambio, desde que los populares llegaron al Palau de la Generalitat.
Ibáñez declaró como imputada en 2012, el mismo día que el extesorero y exgerente nacional Luis Bárcenas, imputado también en el procedimiento abierto en Valencia. Ibáñez dijo que sus funciones consistían en: “Hacer un seguimiento de las cuentas, rellenar los talones para los pagos que me habían autorizado, seguir más o menos los saldos bancarios, intentar hacer un seguimiento de los presupuestos del mes, hacer los asientos contables… Una función muy administrativa y muy técnica”. La gerente señaló reiteradamente al ex secretario general regional y diputado autonómico del PP valenciano Ricardo Costa como la persona que tomaba las decisiones que ella ejecutaba: “Básicamente, todos los pagos se hacían previa autorización de don Ricardo Costa”, declaró.
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