Muerte y resurrección de Canal 9

No es nada fácil liquidar la primera y única cadena autonómica cerrada en España. Los propios liquidadores que conforman la actual cúpula de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) reconocen que no se podrá extinguir el 30 de junio del 2015, como prevía el Consell que mandó cortar sus emisiones hace un año, el 29 de noviembre de 2013. Las razones son de diversa índole: la negativa de algunos bancos a que la deuda de la primera RTVV sea traspasada a la Generalitat; la transferencia de la titularidad del Centre de Producció de Burjassot y de la subsede de Alicante (construida por RTVV en un solar privado por el que se pagan 290.000 euros al año hasta 2035); las denuncias laborales particulares de algunos trabajadores que se remontan incluso al primer (y anulado) expediente de regulación de empleo (ERE) que despidió a un millar de trabajadores; el recurso al Tribunal Constitucional de los socialistas contra la ley del Consell para cerrar Canal 9 y Ràdio 9; y la demanda colectiva de CGT contra el segundo y último ERE de extinción (casi 1600 despidos) cuyo juicio ha sido condicionado por la Audiencia Nacional a la resolución del Constitucional.

En definitiva, una maraña de causas, con posibles recursos, y frentes abiertos que pueden prolongar la agonía sine die. Y sin entrar en la vía de lo penal, por la que discurren la comisión de tres millones de euros que se llevó la trama Gürtel, según la policía, en la retransmisión por RTVV de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia; los presuntos abusos sexuales del exsecretario general de RTVV Vicente Sanz sobre tres extrabajadoras, o las responsabilidades por el agujero económico de 1.200 millones de euros.

De momento, el cierre de RTVV va a suponer entre este año y el próximo un gasto a la Generalitat superior a los 220 millones de euros (en conceptos de salarios, indemnizaciones por despidos y rupturas de contratos, pagos adeudados, intereses y mantenimiento…). Con estas cifras y en contra de la opinión del Consell que reitera que mantenerla abierta es más caro a la larga, el comité de empresa incide en que hubiera resultado mucho menos gravoso volver a ejecutar un ERE en condiciones, tras la anulación del primero por conculcar los derechos fundamentales, y seguir emitiendo, como recuerda Vicent Mifsud, presidente de los trabajadores. Sobre todo, ahora que el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha manifestado su disposición a reabrir una RTVV redimensionada si la coyuntura económica mejorase.

Lo dijo con motivo de la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular, promovida por los trabajadores con el respaldo de personalidades, como el escritor y Premio Nacional Rafael Chirbes, y de 90.000 firmas. Sin olvidar el contexto político a seis meses vista de las elecciones autonómicas y tras el órdago del canal televisivo que impulsa Alfonso Rus, desde la presidencia de la Diputación de Valencia.

Pero si resulta muy difícil enterrar Canal 9, no menos complicado es resucitar la televisión autonómica. “Es una situación muy compleja”, apunta Carlos Alfonso, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València. “Habría que ver las condiciones de reapertura y cómo afectaría a los trabajadores que han sido despedidos porque podría haber fraude de ley. Además, si se emplearan las actuales instalaciones se correría el riesgo de incurrir en sucesión de empresas y por tanto, en infracción”, explica. No obstante, considera que se pueden alegar diversas cuestiones, como un eventual cambio de Gobierno o de las condiciones, y concluye que, pese a la complejidad jurídica, la reapertura es posible, sobre todo si se hace con tiempo, siendo la primera medida la derogación de la ley de cierre de RTVV promovida por la Generalitat que sustrae a ésta de prestar servicios públicos de comunicación audiovisual.

“Cambiar la ley es lo primero que tendríamos que hacer”, afirma Ximo Puig, secretario general del PSPV, que considera irrenunciable contar con una televisión autonómica redimensionada, al igual que Enric Morera, portavoz de Compromís, e Ignacio Blanco, próximo candidato a la Generalitat de EU. Los tres partidos han manifestado su intención e incluso han puesto fecha de reapertura, el próximo 9 de octubre, en el caso de alcanzar el poder de la Generalitat en mayo. Pero son conscientes de las dificultades. “Tenemos abogados estudiando todas las posibilidades. Hay margen y fórmulas que pasan desde aprovechar la primitiva RTVV hasta llegar a acuerdos con todas las partes afectadas. Ya veremos. Ahora bien, no podemos esperar a que acabe todo el proceso jurídico para reabrir la televisión”, señala.

El catedrático de Historia del Periodismo de la Universitat de València, Josep Lluís G. Mompart, subraya la necesidad de que una autonomía con lengua propia cuente con una televisión pública, como las tienen Dinamarca o Suecia. Pero su modelo no tiene nada que ver con el que había. Tendría que ser una cadena moderna, vinculada a Internet, al desarrollo de las nuevas tecnologías, a la industria audiovisual y a la comunidad educativa. Una televisión pensada “también para los smartphones, sostenible, comprometida con la cultura y relacionada con las cadenas de su ámbito lingüístico”.