Las verdades de ‘Alfon’

Su nombre completo es Alfonso Fernández Ortega, pero se le conoce popularmente como Alfon. Con su cara se han hecho pancartas, camisetas, chapas, pegatinas… En su nombre se han convocado manifestaciones, se ha creado una asociación —Madres contra la represión— liderada por la suya, Elena Ortega, y el pasado 22 de octubre se presentó una Proposición no de ley en el Congreso de parte de los portavoces de IU, BNG, Amaiur, ERC, Compromís y Geroa-Bai “sobre paralizar la criminalización de la protesta social y la restricción de los derechos fundamentales y libertades públicas” para su debate en la Comisión de Justicia.

“Alfonso está acusado falsamente por la policía”, reza la iniciativa parlamentaria. Se trata de “una acusación absolutamente infundada y sin carga probatoria, salvo las declaraciones de la policía” que “pretende utilizarse como instrumento para atemorizar a la juventud trabajadora”.

En el Congreso se ha presentado una iniciativa de apoyo en la Comisión de Justicia

El martes la Sección 30 de la Audiencia Provincial lo juzgará por un delito de tenencia de explosivos por el que la Fiscalía le pide cinco años y seis meses de prisión. Según el informe del Ministerio Público, el acusado —hoy con 23 años— fue detenido el pasado 14 de noviembre de 2012, día de la huelga general convocada por las centrales sindicales, portando una bolsa de gran tamaño con un artefacto explosivo de fabricación casera, que contenía metralla y una mecha de fósforos.

Su madre, una “activista de barrio” en Vallecas, donde viven, defiende que “todo es un montaje policial”, aunque se muestra incapaz de dar las razones de esa “persecución”: “Eso mismo me pregunto yo: por qué van a por mi hijo”. Y añade: “Es un chaval comprometido políticamente y ligado a asociaciones antifascistas del barrio”, “es víctima de una acusación falsa, no hay pruebas, salvo los testimonios de los policías, que quieren colgarle el muerto porque así se lo cuelgan a todo su entorno”, contaba a este periódico, recordando los registros “sufridos” en su casa y en la sede de los Bukaneros, el colectivo antifascista del Club de Fútbol del Rayo Vallecano al que pertenece Alfon. El acusado y la familia aseguran que alguien depositó esa bolsa de explosivos a su lado y que la policía le dijo: “Esto te lo vas a comer tu, por hijo de puta”.

Sin embargo, Ortega se niega a hablar de otros antecedentes delictivos de Alfon, algunos previos a su mayoría de edad —robo con violencia y agresión—, de acuerdo con los autos y las sentencias judiciales. “No lo reconozco, no puedo reconocer esos hechos porque mi hijo era menor”, decía. Respecto a “lo otro” —un delito contra la salud pública por tenencia de estupefacientes en 2010—, explicaba: “Mi hijo cometió errores, como todos los chicos de barrio, pero no es un delincuente”.

Ni el portavoz de Izquierda Unida (IU) en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, ni el de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tarda, conocían esos antecedentes una vez presentada la iniciativa parlamentaria. “Tenemos nuestras reservas con respecto a las acusaciones y llamamos la atención sobre una estrategia del Gobierno contra las movilizaciones ciudadanas”, argumentaba Llamazares. “La iniciativa se pactó con la familia y con los sindicatos en una reunión”, recordaba. Por su parte, Tarda defiende: “Ni conozco los antecedentes ni me importan, se trata de solidarizarse con un ciudadano, al que se criminaliza porque el Gobierno está buscando figuras para criminalizar los movimientos sociales”. Y apostillaba: “No podemos aceptar estos parámetros inquisitoriales, ni que una actuación precedente pueda condicionar la credibilidad de un ciudadano. Este joven es una cabeza de turco”. La portavoz del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Rosana Pérez, aseguraba conocer esos hechos, pero llamaba la atención sobre “el peligro de convertir los atestados policiales en palabra de Dios”, algo que, en su opinión, “ha ocurrido en este caso y que se legalizará con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana”, que llegará al Congreso antes de Navidad.

Los primeros antecedentes de Alfon se ubican en Cádiz, el 14 de agosto de 2009. Dos chicos, uno mayor de edad y otro menor “comienzan a insultar a un grupo de cinco chicas”, dice el auto del juez. “Comienzan a perseguirlas llamándolas “putas, lesbianas, mi hermana de 13 años es más mujer que vosotras, te la voy a meter en la boca y será lo mejor que has probado”, llegando un momento en el que el menor de edad intenta arrebatar el bolso a una de ellas”. No lo logró porque otras dos se lo impidieron, pero sí —siempre según el auto— consiguió arrebatarles un teléfono móvil, arrancándole el sujetador a una de ellas en el forcejeo. Entonces Alfon tenía 17 años y la Fiscalía le atribuyó un delito de “robo con violencia, agresión sexual, y falta de lesiones”. Solicitó su internamiento pero la juez Rosa María García Jover decretó su libertad vigilada y la prohibición de acercamiento a las víctimas.

“Sí, nos atacaron dos chicos, fue hace tiempo, no recuerdo sus nombres, a mí no me hicieron nada, pero a algunas de mis primas sí", recuerda una de las víctimas.

El otro asunto, por el que el Ministerio Fiscal le pidió seis años de prisión, tiene que ver con que le incautasen 230 gramos de anfetaminas el 26 de abril de 2010, así lo atestiguan fuentes policiales. Fue condenado a dos años y una multa de 3.000 euros. El expediente policial incluye una detención en junio de 2012 por un “atentado contra la autoridad” en Puente de Vallecas.

Elena ha preferido mantener a su hijo lejos de los medios de comunicación. Ella ejerce de portavoz: “Mi hijo está politizado porque yo le he llevado a hombros a las manifestaciones de pequeño”. Hoy Alfon vive con sus padres y, según cuenta su madre, “trabaja poniendo tarimas en la empresa de su padre”, o “haciendo portes o en un almacén, nada estable, porque no quiso seguir estudiando”.