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La Generalitat gasta 1,4 millones en vigilancia para los pisos sociales vacíos

El Gobierno contrata a tres empresas para evitar ocupaciones en Barcelona

Pisos sociales en Zona Franca, en Barcelona. Ampliar foto
Pisos sociales en Zona Franca, en Barcelona.

El Gobierno catalán se ha gastado en cuatro años casi 1,4 millones de euros en contratar empresas privadas de seguridad para vigilar las viviendas de protección oficial vacías que sus empresas públicas tienen en Barcelona. La Generalitat justifica esa partida en el riesgo de que estos pisos sean ocupados ilegalmente. Solo en el primer trimestre de este año el Departamento de Territorio y Sostenibilidad destinó 151.559 euros a estas labores. Según una respuesta del Ayuntamiento de Barcelona al Partido Popular, en la capital catalana hay 285 viviendas protegidas vacías, de las cuales 122 son propiedad de la Generalitat.

El consejero Santi Vila, en una respuesta parlamentaria publicada en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya, detalló que su departamento ha contratado en los últimos cuatro años los servicios de CIS, Servimax y Prosegur. El gasto en seguridad ha ido descendiendo: en 2011 se destinaron 529.964 euros; en 2012, 365.325 euros; en 2013, 325.110 euros, y en los seis primeros meses de 2014, 151.559 euros. Vila explica que “actualmente” la Agencia de la Vivienda de Cataluña tiene contratado un servicio que efectúa inspecciones diarias. “De esta forma, se garantiza que desde la última inspección no hayan transcurrido más de 24 horas”, sostiene el consejero en la respuesta.

El grueso de esa cantidad, sin embargo, corresponde a la vigilancia dispensada en una promoción de 32 viviendas sociales para jóvenes ubicada en la calle de Sant Eloi, cerca del paseo de la Zona Franca de Barcelona. Las tres empresas han facturado solo este año 141.038,52 euros para controlar ese inmueble, a razón de 4.407 euros la vivienda. Si se suma lo que se viene desembolsando desde 2012, esa promoción ha copado 465.858 euros de ese prespuesto. Vila justifica ese gasto en “el grado de conflictividad y los graves problemas de convivencia que ocasionan los ocupantes ilegales de las viviendas”. Por ello, la Generalitat ha contratado un servicio que lleve a cabo “un sistema de vigilancia” que se efectúa “cada media hora a cada una de las viviendas vacías”.

Fuentes de la Secretaría de Vivienda de la Generalitat explican la singularidad del caso de la calle de Sant Eloi. Las viviendas de alquiler fueron promovidas en su día por el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) y desde hace años se ocupaban de forma sistemática cuando quedaban vacías al finalizar los contratos.

Una promoción de la Zona Franca requiere controles cada media hora

La finca, según explica la secretaría, cuenta con dos vigilantes que cada media hora hacen una ronda por los pisos. La Administración está pendiente de asignar un presupuesto para rehabilitar los pisos, que están en muy mal estado, aseguran las mismas fuentes, para volver a adjudicarlos. Además, según explican los vecinos, desde hace dos semanas algunas viviendas de la promoción están completamente tapiada.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, en capital catalana hay 285 viviendas vacías. De estas, 122 son propiedad de la Generalitat, 98 corresponden al Consistorio y otros 65 están en manos de Regesa. El asunto de las viviendas vacías mereció un informe de la Defensora del Pueblo en 2013. Esta cifró en 13.504 las viviendas públicas desocupadas en toda España, de las cuales 9.752 estaban disponibles. Cataluña es, según ese documento, la comunidad con más pisos sociales vacíos que podrían ser adjudicados, con 3.264. No obstante, la defensora recogía que la Generalitat había lanzado un plan de choque para adjudicar 2.065 pisos.

La construcción de pisos públicos este año ha seguido despeñándose en Cataluña. Hasta octubre solo se construyeron 402, el 34,3% menos que el año pasado, según el Departamento de Territorio y Sostenibilidad. En cambio, la lista de solicitantes sigue aumentando y ya hay 76.000 ciudadanos pendientes de conseguir un piso social.