Los exconsejeros Soler y Ávila responsabilizan del plan Bahía a Idea

La comparecencia en el juzgado 4 de Cádiz de los exconsejeros de Economía e Innovación Martín Soler y Antonio Ávila como testigos del caso Bahía Competitiva estuvo llena de tensión. Los dirigentes socialistas fueron increpados en los alrededores de la sede judicial por extrabajadores de Delphi, que les acusaban de haberles abandonado mientras consentían las irregularidades detectadas en el reparto de ayudas a la reindustrialización de esta comarca gaditana. Ambos políticos negaron ante la juez Rosa María García Jove haber tenido implicación alguna en las decisiones tomadas en torno a estas subvenciones, una responsabilidad que hicieron recaer en la agencia Idea. Recordaron, además, que fue su consejería la que denunció irregularidades en la Fiscalía.

Soler y Ávila habían sido llamados después de que su antecesor Francisco Vallejo, el primero en ser citado, revelara que el plan Bahía Competitiva, encargado de atraer inversiones y facilitar el reparto de ayudas públicas, no fue aprobado bajo su mandato sino en el de Soler y Ávila. Pero ambos negaron que en sus cargos tuvieran poder de decisión alguno. Según explicaron fuentes judiciales, Soler y Ávila coincidieron en asegurar que la Consejería de Innovación no intervenía directamente sino que lo hacía la agencia IDEA. Argumentaron que era un plan “pequeño” y “comarcal” que no tenía que depender directamente de Sevilla.

Su relato ante la juez estuvo también acompañado de un extenso argumentario en el que recordaban que fue la Junta de Andalucía la que primero denunció las presuntas irregularidades que después confirmó la policía. Fue el 30 de marzo de 2011 cuando la Consejería de Economía alertó a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, dependiente del Banco de España, de defectos detectados en proyectos del empresario Alejandro Dávila Ouviña. El 5 de abril se trasladó denuncia a la Fiscalía de Sevilla, algo que ignoraba entonces el gerente de ese plan en Cádiz, el socialista Antonio Perales. El propio Antonio Ávila fue el encargado de comparecer en el Parlamento andaluz a petición propia para informar de este caso.

Aunque la peor situación vivida este viernes por los exconsejeros no fue dentro del juzgado sino fuera. Medio centenar de extrabajadores de Delphi, cuya fábrica de Puerto Real cerró en 2007, se concentró a su entrada y salida de la sede judicial. El colectivo, en el que 600 operarios no han encontrado trabajo todavía, quería mostrar su indignación por los incumplimientos de la Junta. Ambos tuvieron que soportar insultos y descalificaciones de los asistentes. Quien lo pasó peor fue Martín Soler, quien, tras declarar, fue perseguido por un grupo de personas. El exconsejero apresuró el paso y terminó cruzando la principal avenida de Cádiz sin aguardar a que el semáforo se pusiera en rojo, con el consiguiente peligro para él, para los que lo seguían y los ocupantes de los vehículos que circulaban en ese momento. Finalmente, no se produjeron más incidentes y Antonio Ávila tomó una salida trasera para evitar a los manifestantes.

El colectivo de Delphi estaba especialmente indignado tras conocer la muerte de Miguel Moreno, uno de sus compañeros, quien, según explicaron los asistentes a la protesta, falleció en San Fernando en la calle, donde vivía como un indigente.