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Diez días que sacudieron a la Fiscalía

La querella contra Mas provoca un cisma sin precedentes entre Torres-Dulce y los fiscales

Mas, entre el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada (izquierda), y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el pasado julio.
Mas, entre el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada (izquierda), y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el pasado julio.

“Lo que ha ocurrido en la Fiscalía a propósito del 9-N yo no lo había visto nunca”, explica un veterano fiscal de Cataluña. En solo diez días, la institución ha vivido momentos de gran agitación que han hecho aflorar diferencias de criterio insalvables entre el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y los fiscales que integran la Fiscalía Superior de Cataluña. Pese a que habían permanecido más o menos soterradas, esas tensiones se airearon públicamente ayer, cuando Torres-Dulce anunció que se querellaría contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pese a la opinión contraria de los fiscales catalanes que han examinado el caso y que no ven indicios de delito.

Lo que sigue es un relato de lo ocurrido en los diez días que van desde el 8 de noviembre, cuando la Fiscalía decidió abrir diligencias por la organización de la consulta catalana, y el 17 de noviembre, es decir ayer, cuando se evidenció un cisma inédito en el seno del ministerio público. “La Fiscalía es una sola y es jerárquica, pero estos días ha dado la impresión de que había dos fiscalías”, admite otro representante de la institución consultado por este diario.

Sábado 8-N. La investigación. A instancias de Torres-Dulce, la Fiscalía Superior de Cataluña abre diligencias de investigación la víspera del 9-N. Pretende conocer si existen “órdenes o instrucciones” de la Generalitat para ceder el uso de escuelas e institutos como locales de votación. También reclama a los Mossos que identifiquen a los responsables de esos centros si autorizan su uso y los encargos de la Generalitat a empresas de buzoneo relacionados con la consulta.

Domingo 9-N. No a retirar urnas. Los fiscales catalanes, con el aval de la Fiscalía General del Estado (FGE), se oponen a retirar las urnas. Diversos partidos políticos llevan la jornada de participación ante los juzgados de guardia, pero la posición de la fiscalía -puede haber indicios de delito, pero actuar en el momento sería desproporcionado- mueve a los jueces a no interferir en el proceso. Se abren diligencias de investigación en diversos juzgados.

Lunes 10-N. La reacción. La celebración, sin interferencias judiciales, de la consulta alternativa planeada por Mas provoca críticas al Gobierno por supuesta tibieza. El Ejecutivo de Mariano Rajoy exhibe un mensaje de dureza y da a entender que la Fiscalía va a actuar con rapidez. Los servicios técnicos de la FGE trabajan ya, de hecho, en la elaboración de la querella. Se esbozan una serie de delitos (desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones) y unos responsables (además de Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y algunos consejeros). El borrador desagrada a los fiscales catalanes.

Martes 11-N. Presiones y malestar. La líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ejerce como una suerte de portavoz de la Fiscalía y asegura que la querella es “sólida”, que se va a presentar “hoy mismo” y que incluye delitos como el “cohecho” (soborno). Los fiscales, tanto en Madrid como en Barcelona, consideran que están siendo objeto de presiones inadmisibles que lastran su independencia. El mismo Torres-Dulce se ve obligado a puntualizar, desde Logroño, que la Fiscalía trabajara para delimitar “si los hechos son delictivos” y que lo hará “sin ninguna precipitación”. Los fiscales catalanes siguen estudiando la querella, ya con la idea de rebajar su alcance. Primeros indicios claros de que hay discrepancias jurídicas.

Miércoles 12-N. La reunión. Ante las reticencias expresadas desde Barcelona, Torres-Dulce convoca a una reunión en Madrid al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y a su número dos, Francisco Bañeres. Además de limar asperezas, el objetivo es debatir los argumentos jurídicos y enfocar la estrategia sobre la querella. En un comunicado, Torres-Dulce afirma que pone el examen jurídico en manos de Romero de Tejada, que “dará cuenta de la decisión que adopte en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad que rigen la actuación del ministerio público”.

Jueves 13-N. ¿Hay delito? Las diferencias de criterio en el seno de la Fiscalía Superior de Cataluña se acentúan. Ya no se trata de acotar el borrador de querella de la FGE, sino que se valora la conveniencia de presentarla. Inquietud en el Gobierno por lo que considera escasa celeridad de la Fiscalía. Se suceden las denuncias de presiones a los fiscales, tanto en Madrid como en Cataluña. Los juristas cuestionan la viabilidad penal de la querella: no hay desobediencia, dicen, porque el Tribunal Constitucional, pese a suspender la organización de la consulta, no dio una orden explícita.

Viernes 14-N. Querella en el aire. La mayoría de fiscales, reunidos en junta extraordinaria, consideran que no hay base sólida jurídica para actuar contra Mas y Ortega. Acuerdan seguir trabajando en el tema. El propio Torres-Dulce abre la puerta a no presentar la querella al afirmar que “no es necesario que el ministerio fiscal lleve a los tribunales el asunto” porque ya están judicializados a raíz de la denuncia de diversas formaciones políticas.

Lunes 17-N. El 'no' de los fiscales catalanes. Tras el fin de semana, los fiscales catalanes se vuelven a reunir. Llegan a la conclusión, de forma unánime, de que no deben presentar la querella. Así se lo comunica el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, a Torres-Dulce. La Fiscalía General emite un comunicado en el que anuncia que, pese al criterio llegado desde Cataluña, actuará contra Mas por el 9-N, con lo que queda en evidencia el cisma.

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