De nada sirve sobreactuar

Para dar imagen de intransigencia contra la corrupción, la presidenta Susana Díaz reclama a los aforados de su partido que dejen el escaño si un juez les imputa un delito. Una decisión injusta, arbitraria y en las antípodas de lo que hay que hacer para combatirla.

Es injusta porque reclamar a cualquier persona que renuncie a sus cargos o derechos solo por ser imputada significa condenarla de antemano y negarle la presunción de inocencia que la Constitución nos reconoce a todos los españoles.

Ni siquiera en los recién aprobados principios éticos de Podemos se pide a sus militantes que renuncien a los cargos o candidaturas por ser imputados sino solo por resultar procesados o condenados. Y eso es más o menos lo que establece también el código ético del partido de Susana Díaz. Lo que en él se reclama a sus militantes es el compromiso de presentar su dimisión inmediata si se les abre juicio oral por un procedimiento penal por delito grave y que den cuenta ante la Comisión Ejecutiva Federal de las acusaciones que se les hagan si son imputados por resolución judicial.

Por tanto, la demanda de Díaz no solo es injusta sino también arbitraria puesto que impone su voluntad personal sobre el criterio colectivo (y muy razonable) de su partido, que se supone que es lo que hay detrás de ese código ético.

Lo que hace que la corrupción se generalice tanto como en España es la debilidad de las normas y las instituciones que permite que unos y otros se las salten cada dos por tres a la torera y que los responsables políticos hagan de su capa un sayo cuando les interesa, pasándose las decisiones colectivas y los mecanismos de control por el arco del triunfo si es que no les convienen en un momento dado. Y lo que se necesita para combatirla no es que una personalidad se represente a sí misma cual bastión inexpugnable, como ahora Susana Díaz, asumiendo todo el poder para imponer su criterio sobre el de los demás, sino que haya auténtica democracia, más participación ciudadana, normas que todos contribuyamos a elaborar y luego cumplamos sin reservas y un control severo de todo lo relativo al dinero público.

Por último, me parece que Susana Díaz se equivoca al poner el acento en la dimensión penal del asunto. Lo que a ella más bien le corresponde como presidenta es asegurar que la Administración andaluza no vuelva a fallar tan estrepitosamente. No necesitamos que sobreactúe a costa de poner a sus propios compañeros de partido (nada más y nada menos que expresidentes de todos los andaluces) a los pies de los caballos para que los linchen injustamente antes de ser juzgados. Lo que tiene que hacer es tomar las medidas que aún no ha tomado para que no vuelvan a darse la negligencia y la de falta de rigor y vigilancia que provocaron los ERE falsos y el escándalo de la formación en Andalucía.

@juantorreslopez