El Consell arregla la retirada de altos cargos a sus puestos de funcionarios

El Consell ha pensado en la eventualidad de que los altos cargos de la Administración autonómica se vean en la situación de cesar y, en el caso de que sean funcionarios, pedir el reingreso. La Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, más conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que empezará a debatirse esta semana en las Cortes Valencianas, prevé mejoras económicas en las condiciones de ese retorno para paliar la pérdida de ingresos.

En 2014 ya se previó que "el reingreso al servicio activo procedente de la situación de servicios especiales" tuviera el mismo tratamiento y garantías retributivas para los funcionarios sin plaza en propiedad que para los supuestos de cese del personal funcionario de carrera. Ahora, la Ley de Acompañamiento, una norma de las denominadas ómnibus en la que se incluyen todo tipo de cuestiones, modifica la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana para que los altos cargos que cesen y vuelvan a su trabajo de funcionarios pero no tengan derecho a la reserva del puesto de trabajo, porque no ganaron una plaza en propiedad en un concurso ni lograron el derecho a un puesto de su nivel en su misma localidad al haber ganado un procedimiento de libre designación, cuenten con las mismas garantías retributivas.

Según el diputado socialista Rafael Rubio, además de garantizarles un puesto en su misma localidad no inferior en más de dos niveles a su grado, la modificación implica que los exaltos tendrán derecho a percibir un complemento específico "no inferior al 80%" del que tenía asignado el alto cargo del que fueron cesados. Eso supone una mejora económica de las condiciones de estos funcionarios de 300 a 500 euros mensuales, calcula el diputado, que interpreta que la intención del Consell que preside Alberto Fabra es "hacer un arreglito" a quienes puedan perder su cargo con un eventual relevo en la Generalitat tras las elecciones del próximo mes de mayo.

Aparte de los directores generales o secretarios autonómicos, que pueden ser o no funcionarios, hay en la Administración de la Generalitat 82 subdirectores generales y 290 jefes de servicio, que se verían beneficiados por la medida si cesaran, solo en el caso de que no hubieran obtenido un puesto de funcionarios por concurso de méritos o en procedimiento de libre designación. Es decir, siempre que no fueran funcionarios de carrera.

"Meten de rondón una modificación de la Ley de la Función Pública en la Ley de Acompañamiento", denuncia Rubio, en cuya opinión no se pueden "descontextualizar" dentro de otra ley reformas de la función pública que habría que ver si hay necesidad de hacer. "No es la Ley de Acompañamiento el lugar", señala el parlamentario socialista. "Si hay que hacer cambios, deben producirse con una mínima objetividad, y no por el dedazo de Fabra".