Xunta y Ayuntamientos entierran 6,5 millones en 10 geriátricos vacíos

Galicia, uno de los territorios más envejecidos del mundo, mantiene vacías y abandonadas una decena de residencias para mayores, algunas perfectamente equipadas. Los edificios fantasma, emplazados en áreas rurales que alcanzan un 40% de población de más de 70 años, estaban destinados a acoger centros de día y hogares residenciales para la tercera edad, pero en algún caso se usan ahora como marco de actos políticos. La cantidad de dinero público que se ha enterrado bajo sus cimientos supera los 6,5 millones de euros, teniendo en cuenta solo los costes presupuestados para su construcción. Aparte habría que contar la inversión en equipos y mobiliario y los pagos que la Xunta ha hecho a empresas privadas elegidas para gestionarlos en compensación por la falta de usuarios.

Por mantener plazas vacías, las empresas Troncoso Servicios Sanitarios —dirigida por un excargo sanitario de la Xunta de Manuel Fraga— y Cogami —que acaba de anunciar el despido de 95 trabajadores discapacitados— han percibido desde 2012 y hasta septiembre del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, dependiente de la Consellería de Benestar, 114.000 y 84.000 euros respectivamente, según los datos aportados por el departamento que dirige Beatriz Mato. Estos pagos los ingresaron las compañías como adjudicatarias de tres centros de día que nunca han funcionado (Troncoso por los de Manzaneda y Maceda, listos pero vacíos por desacuerdos entre la Xunta y los Ayuntamientos; y Cogami por el de Cuntis, que se hizo en una parcela que no tiene servicios), basándose en una cláusula introducida por el Gobierno del PP en los contratos de adjudicación. Benestar asegura que ha llegado a un acuerdo con estas dos firmas para que ya no sigan cobrando por gestionar instalaciones que están cerradas pese a que así conste en el contrato que firmaron en 2011. Y añade la consellería que se está planteando eliminar esa cláusula en licitaciones venideras.

Los proyectos de la decena de centros de día y residenciales inutilizados, levantados en municipios de las provincias de A Coruña (Cariño y Curtis), Pontevedra (Cuntis) y, sobre todo, Ourense (Maceda, Manzaneda, Nogueira de Ramuín, Oímbra y Pereiro de Aguiar), empezaron a gestarse junto a otra treintena de recintos para mayores en tiempos del gobierno bipartito del PSOE y el BNG, cuando el nacionalista Anxo Quintana era vicepresidente de Igualdade e Benestar, y con la participación de los Ayuntamientos. En 2009, tras ganar las elecciones gallegas, el Gobierno del PP decidió mantener la construcción de las instalaciones de su competencia pero optó por darle un frenazo brusco a su puesta en marcha y privatizar su gestión.

En los concursos de licitación, Benestar incluyó además esa cláusula en la que le garantiza a las adjudicatarias ingresos aunque no consigan residentes para la mayoría de las plazas. La Administración se comprometió a abonar a la empresa el 75% del coste de los puestos vacíos hasta completar un mínimo de un 70% de ocupación del lote de centros que recibiera en el concurso.

Esa cláusula no solo ha permitido a las adjudicatarias cobrar por centros que están cerrados, sino que, en el caso de recintos que sí están en funcionamiento, el consorcio de servicios sociales de la Xunta pagó a las empresas por el tiempo transcurrido entre la firma del contrato (realizada a finales de 2011) y la llegada de los primeros usuarios. Esa demora en poner en marcha los centros para la tercera edad llegó a prolongarse hasta casi tres años. Es el caso del centro de día de Esteiro, en Ferrol, adjudicado a Fesán, que sufrió, según explica la Consellería de Benestar, problemas con las acometidas.

El recinto de Valadares, en Vigo, se otorgó a Cogami más de dos años antes de que se empezase a atender a los mayores, debido también a incidencias con las acometidas y con la licencia municipal, señala la consellería. La residencia de la tercera edad del municipio coruñés de A Laracha, en manos de Siad 24, estuvo también vacía más de dos años por un “defecto de ejecución”. Una portavoz oficial de Benestar señala que las cantidades abonadas a las empresas concesionarias durante este tiempo en el que no funcionaron las instalaciones que les fueron adjudicadas son difíciles de calcular. Fuentes de la Xunta, sin embargo, las cifran en casi un millón de euros desde 2012.

De los recintos para mayores que se pagaron en Galicia con dinero público y que siguen sin utilizarse para ese fin, el más costoso fue el centro de día y residencial del municipio ourensano de Nogueira de Ramuín, presupuestado en 1,6 millones, que el Ayuntamiento emplea a medio gas para exposiciones y cursos. En Pereiro de Aguiar, un recinto similar en el que se invirtió un millón de euros de dinero público llegó a inaugurarse en enero de 2013 bajo la gestión de la empresa local Grucedi, SL, pero el gobierno local lo cerró solo diez meses después.

El alcalde de Pereiro, el popular Eliseo Fernández, alegó entonces que las 40 plazas ofertadas no tenían demanda en el municipio porque “con la crisis y la falta de empleo la gente aguanta con los mayores en casa”. Grucedi cobraba a las familias 440 euros al mes por jornada completa (media jornada, 271 euros), a lo que había que añadir 104 euros por la comida, 44 por el desayuno y la merienda, además de 175 por el transporte adaptado, según las tarifas que hizo públicas el PSOE en su momento.

El centro de día del municipio coruñés de Cariño está listo desde el verano de 2008. El anterior gobierno local, en manos del PP, decidió completarlo añadiéndole una residencia, una actuación que iba a ser financiada por el bipartito. Pero con la llegada de los populares a la Xunta en 2009 esos fondos se esfumaron y, con la obra a medio hacer, es imposible abrir el centro de día autónomamente. La actual alcaldesa, la nacionalista Puri Seixido, ha logrado finalmente que los trabajos necesarios para la apertura parcial del complejo se puedan rematar el año que viene con algo más de 200.000 euros de fondos municipales. El centro de día abrirá, pero la residencia seguirá sin ser terminada.

Los centros de día de las localidades ourensanas de Maceda y Manzaneda, dependientes de Benestar, están listos y cerrados por desacuerdos entre la Xunta y los gobiernos locales. El alcalde de Manzaneda, el nacionalista David Rodríguez, rechaza que sea gestionado por una empresa privada y propone a la Administración autonómica una gestión pública conjunta con el geriátrico municipal que ya funciona justo al lado. Mientras desde Benestar señalan que los centros de día tienen poca demanda en las zonas más rurales y que son preferibles los servicios a domicilio, el regidor de Manzaneda pone en duda esta afirmación: “Demanda siempre la va a haber, no la hay si están cerrados”.