La fiscalía pide cárcel por una estafa masiva de 24 millones y 290 afectados

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide seis años de prisión para los responsables de la firma Riverduero, Joaquín Martín y Luis Bouza, por una estafa piramidal masiva de 24,2 millones que ha dejado 290 damnificados en Sevilla y Valladolid. Tras seis años de instrucción, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4, Fernando Andreu, abrirá por fin juicio oral contra los imputados, que tras su detención en 2008 estuvieron casi un año en prisión preventiva.

“Me quitaron 53 millones de pesetas [318.000 euros], pero era una gente extraordinaria. Mis hijos y los vecinos caímos”, relata María Elena Collada, vecina de Sevilla que confía en recuperar en breve su dinero, sobre todo después de que la fiscalía haya considerado al Banco Caixa Geral responsable subsidiario de la presunta estafa. Riverduero recaudó 24 millones para mover en Bolsa, pero la sociedad solo invirtió en realidad 700.000 euros, según denuncia el ministerio público en su escrito de acusación.

La estrategia de los dos imputados, que crearon Riverduero en 1992 en Valladolid y cuatro años después abrieron una delegación en Sevilla, pasaba por ofrecer a sus clientes una rentabilidad del 14% anual para sus capitales —un beneficio inexistente en el mercado—. Ante las víctimas del supuesto engaño, ambos exhibían en ocasiones una seguridad amparada en su religiosidad y su pertenencia al Opus Dei, según confirman diversos afectados. “Me aseguraron que pertenecían a la cofradía del Cristo del Perdón de Valladolid (...) Les pedí el dinero para la hipoteca, pero te daban largas, hasta que tuve que denunciarles. Caímos en la trampa porque mi hermana tenía mucha amistad con ellos”, asegura Isidro Arranz, otro de los estafados.

La fiscalía acusa a los dos imputados de actuar “con ánimo de ilícito enriquecimiento (...) y de ofertar aparentemente una gestión a medida del cliente, para obtener la máxima rentabilidad de su patrimonio, mediante la gestión que aseguraban prudente de todo tipo de productos financieros”. Riverduero entregaba al cliente un recibo con su aportación, un documento que incluía un boletín de suscripción para inversión en activos financieros. De manera periódica, la firma informaba a sus clientes en función de las cantidades entregadas y los intereses prometidos, “simulando reflejar las sumas de dinero que podían recuperar y patrimonio resultante, que no se ajustaba a la realidad en ningún caso, con el fin de impedir la retirada de los fondos”, denuncia la fiscalía. En 2006 la sociedad entró finalmente en “iliquidez total” tras un “proceso de descapitalización” iniciado en 2002, subraya el escrito. A pesar de ello, Martín y Bouza siguieron ofreciendo “inexistentes inversiones en pagarés del BBVA o BSCH con una rentabilidad del 4% anual sin riesgo”.

El boca a boca funcionó como la pólvora entre clientes que buscaban la máxima rentabilidad. “Un amigo me contó que conocía un gestor que era un genio de la Bolsa, que le sacaba rendimiento cuando subía y bajaba”, relata Leónides Vázquez.

La fiscalía considera a Caixa Geral responsable subsidiaria por haber incumplido una circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que obligaba a Riverduero a abrir en dicha entidad “subcuentas individualizadas” para cada cliente, en vez de acumular todo el capital en una sola cuenta. Riverduero tuvo ingresos de 23,3 millones y unas salidas de 23,4 millones en dicha cuenta entre 2002 y 2008.

Mientras que la fiscal Ana Noé reclama seis años de prisión por estafa continuada o apropiación indebida como delito alternativo, la acusación ejercida por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) eleva la petición a 17 años de prisión y añade los delitos de falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes.