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“Me siento tratada como una basura”

Miriam Alonso, arrojada al metro en 2005, lucha para evitar que le bajen la minusvalía

Miriam Alonso Corraliza, en una imagen de julio de 2006. Ampliar foto
Miriam Alonso Corraliza, en una imagen de julio de 2006.

Miriam Alonso Corraliza fue arrojada al metro el 4 de octubre de 2005 en la estación de Carabanchel. Las consecuencias de este accidente fueron tremendas. Sufrió la amputación de la pierna izquierda a la altura de la pelvis, de un dedo del pie derecho y fractura de la cadera, además de lesiones en la cara. Su atacante, Jorge R. V., entonces de 23 años, fue condenado meses después a 11 años de internamiento en un centro psiquiátrico. En este proceso Miriam recibió un grado de minusvalía del 75%, pero ahora se enfrenta a un nuevo proceso. El Gobierno regional ha pretendido rebajársela hasta el 60%, pero de momento un juez le ha dado la razón.

El Gobierno regional ha pretendido rebajársela hasta el 60%, pero de momento un juez ha dado la razón a Miriam. “Estoy siendo humillada. Me parece vergonzoso que algo que me han dado ellos quieran quitármelo ahora. Me siento tratada como una basura”, afirma al ver cómo ha tenido que emprender de nuevo una carrera judicial para defender sus derechos.

El accidente que sufrió Alonso se produjo cuando salía de trabajar en una gestoría en Carabanchel. Cuando esperaba en el andén, su atacante la tiró a la vía. Al conductor del tren no le dio tiempo a detenerlo y le pasó por encima. Los daños fueron de tal gravedad que tuvo que permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital 12 de Octubre. Sufrió una decena de intervenciones hasta que pudo recuperarse. El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) le otorgo una vivienda en Tetuán y la Comunidad de Madrid una indemnización por el accidente. El siniestro siempre se consideró accidente laboral al producirse cuando regresaba a su domicilio, en Fuenlabrada. El mismo municipio en el que vivía su atacante.

Los problemas llegaron hace más de un año cuando la Dirección General de Servicios Sociales, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales, le hizo un reconocimiento para ver el grado de minusvalía que sufría. En aquel momento se le redujo del 75% inicial al 60%.

La Comunidad de Madrid

recurre un fallo que le daba

la razón a la paciente

A preguntas de este periódico fuentes de la consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid argumentan que la situación ha cambiado. Al haber recibido una vivienda el IVIMA y una pensión de la Seguridad Social por incapacidad permanente absoluta, la minusvalía disminuye conforme al equipo evaluador, afirman.

“No me dieron ninguna explicación para esa rebaja. Tan solo me mandaron una carta en la que me decían que me bajaba la minusvalía”, asegura la afectada que llegó a temer que le quitaran la ayuda o incluso le rebajaran aun más la pensión.

A consecuencia de aquello acudió a los tribunales. Al tratarse de un accidente laboral, presentó una demanda ante la jurisdicción de lo Social. La titular del Juzgado número 20, Teresa Orellana Carrasco, falló en favor de la demandante. Basó su sentencia en el informe pericial presentado por Miriam y su abogado, Antonio Diezma.

La magistrada reconoce que la afectada tiene que acudir a consulta psiquiátrica por las graves lesiones que le produjo el atropello. “Debe tenerse presente que esta sintomatología tiende a cronificarse por la presencia de dolor del llamado miembro fantasma, que la paciente vive como si el miembro existiera, con dolor, con entumecimiento, frío/calor, etc. que se agudiza en momentos de cansancio, estrés o por el hecho de que su prótesis no encaja y no puede utilizarla”, recoge la juez en su fallo.

La magistrada tiene en cuenta las lesiones traumáticas causadas por las amputaciones y, el trastorno de la afectividad por trastorno adaptativo, a los que suma la discapacidad funcional y los valores correctores. Eso, según la valoración de la magistrada, supone un 72% de minusvalía.

La Comunidad de Madrid ha recurrido la decisión judicial. Alega en su escrito que, en caso de disparidad entre facultativos, los jueces deben basarse en lo que dictaminen los médicos públicos (en este caso, del Gobierno regional). A ellos se les presume “mayor objetividad”. “La valoración realizada en vía administrativa es correcta y la sentencia debe ser desestimada”, afirma Asuntos Sociales en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Asuntos Sociales no ha querido pronunciarse sobre el fallo judicial ya que el asunto se encuentra todavía “sub iúdice” y el resultado final puede cambiar, según fuentes de la Consejería. “Lo único es que hemos recurrido porque creemos que nuestros técnicos han valorado a esta paciente de modo correcto”, concluyeron esas fuentes.

Lo que ha molestado todavía más a Míriam Alonso es que la Comunidad de Madrid haya recurrido y todavía no haya concluido este nuevo proceso judicial. “Al final me da por pensar que la culpa fue mía por estar en ese sitio a esa hora en concreto. Han pasado más de nueve años y en poco más de un año el que me atacó saldrá libre. Mientras yo sigo año tras año luchando. No es justo en ningún caso”, concluye.

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