El juez admite la denuncia de la fiscalía contra dos concejalas de Cádiz

El caso Matadero avanza. El Juzgado de Instrucción 1 de Cádiz ha asumido la denuncia de la fiscalía por posible tráfico de influencias en el papel que las concejalas del PP Mercedes Colombo y Carmen Sánchez tuvieron para alterar los listados de adjudicatarios de viviendas sociales en la promoción de Matadero. Según el relato de los trabajadores sociales, incluido en las diligencias, ambas ediles aportaron una lista con nombres y apellidos a los que había valorar, a pesar de que ese no era el procedimiento habitual ya que eran los técnicos los que realizaban la selección inicial de los posibles beneficiarios. Los empleados municipales aseguran haberse sentido presionados y sostienen que "la lista de los políticos" terminó imponiéndose a la suya basada en elementos objetivos.

La promoción de Matadero, auspiciada por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, incluía 102 viviendas. Era el Ayuntamiento el que debía aportar la cifra de adjudicatarios, procedente del registro público municipal de demandantes. La norma permitía excepciones en casos de realojo o familias en riesgo de exclusión. La primera alerta saltó cuando colectivos como Pro Derechos Humanos apuntaron que la excepción había sido norma y un alto porcentaje de beneficiarios no estaba en el registro oficial. A eso se añadió después la dimisión de la coordinadora de Asuntos Sociales, Pilar Tubio. Los sindicatos aseguraron que había sufrido "presiones políticas" para cambiar los criterios de adjudicación.

La denuncia presentada por el PSOE y la Junta de Personal fue atendida por la fiscalía, que alertó de indicios de "tráfico de influencias" en la actuación de las dos concejalas del PP tras escuchar en declaración a varios trabajadores sociales. El ministerio público encontró en estos testimonios pruebas suficientes para "concretar indicios y hacer aflorar otros" de irregularidades. La denuncia de la fiscalía, incluida en la causa que instruye el juzgado 1 de Cádiz, apunta el delito de prevaricación, pero fuentes del caso señalan que se investiga también el tráfico de influencias tipificado en el artículo 428 del código penal.

Los trabajadores sociales relataron que Carmen Sánchez y Mercedes Colombo les entregaron una lista con las personas sobre las que debían hacer informes sociales para conseguir una casa en Matadero. No era el procedimiento habitual. Una de las empleadas aseguró ante el fiscal que entre sus compañeros se hablaba de "la lista de los políticos" para distinguirla de la que ellos habían elaborado. De hecho, los trabajadores sociales contaban con un listado de 130 nombres, basado en criterios técnicos. Las concejalas, según estas declaraciones, les instaron a reducirlo a 10 y a incluir los nombres que ellas proponían. Según los empleados, personas con mayor riesgo de exclusión quedaron fuera por esta decisión política.

Los cambios en el listado fueron retenidos por las responsables de área, entre ellas, Pilar Tubio, pero, aprovechando las vacaciones de verano, las concejalas, según estos testimonios, llamaron en agosto a varios trabajadores sociales, algo nada habitual, para forzar nuevas valoraciones de posibles adjudicatarios. Gracias a ello nombres no previstos terminaron recibiendo una casa.

El fiscal pidió la declaración como imputadas de ambas concejalas, algo que el juzgado todavía no ha ordenado. En la causa, además del PSOE, también se ha personado Mercedes Colombo.