Las entidades sociales recelan del fondo contra la pobreza energética

El principal mecanismo paliativo que la Generalitat está diseñando contra la pobreza energética —el llamado fondo de suministro social— no termina de convencer a las entidades sociales, sindicatos y vecinos. La Mesa del Tercer Sector, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña y la Alianza contra la pobreza energética denunciaron ayer, una vez más, que el alcance de dicho plan es “insuficiente” y denunciaron que el departamento de Empresa no los ha tenido en cuenta a la hora de elaborarlo. Con el invierno a la puerta de la esquina y tras siete meses del pleno extraordinario contra la pobreza, las entidades pidieron más celeridad en dar respuesta a las familias que no pueden tener su hogar a una temperatura adecuada.

Ante el fracaso del decreto del año pasado, al que solo se acogieron unas 900 familias y que fue impugnado por el Gobierno central, el departamento que dirige Felip Puig ha propuesto poner en marcha dicho fondo. Se trata de una bolsa en la que diferentes entidades, ayuntamientos, la misma Generalitat y las empresas de suministro pondrían dinero para hacer frente a las facturas impagadas de las familias más vulnerables y evitar los cortes en el servicio. Puig calcula que serían necesarios unos 25 millones de euros para atender a los 70.000 hogares que no pueden hacer frente a las facturas de agua, electricidad y gas. Estos números, sin embargo, aún son provisionales. No existe un cálculo oficial de cuántos pobres energéticos hay en Cataluña.

Las entidades critican que a estas alturas del año solo se conocen ideas generales de cómo sería el fondo, con pocas concreciones. Eloi Badia, portavoz de la Alianza contra la pobreza energética, cree que es “difuso” cuál será el origen del dinero que alimentaría la bolsa. Hasta ahora los Consistorios y las entidades como Cáritas y Cruz Roja han llevado el peso económico de las ayudas. Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa, teme que el mecanismo “vacíe los fondos públicos destinados a resolver otras necesidades sociales”.

Las entidades apuntan a las empresas de suministro como las que deberían arrimar más el hombro y critican sus “beneficios estratosféricos” y piden que las medidas que la Generalitat sean de carácter más estructural, por ejemplo, la creación de un organismo público para garantizar el acceso universal.

Según los datos de las entidades, Endesa obtuvo 579 millones de euros en el primer semestre de este año. En el mismo período, Gas Natural logró 676 millones. Agbar ingresó 432 millones en 2012. Desde la Generalitat también apelan a la buena voluntad de las compañías para mitigar la situación de las familias. Hace poco más de una semana el presidente de la patronal energética Unesa, Eduardo Montes, aseguró que “la pobreza energética es posible que no sea la más acuciante” de las que viven las familias.

Guiteras además se quejó de que desde el pasado 29 de septiembre no se reúna la Mesa de la pobreza energética. “Nadie puede resolver solo esta problemática”, advirtió la presidenta de la Mesa.

Badia también explicó que se pueden impulsar medidas para ayudar a las familias aunque el Tribunal Constitucional haya suspendido el decreto de pobreza energética que aprobó el Gobierno catalán el pasado invierno y que posponía el pago de los recibos a la primavera. Por ejemplo, dijo el portavoz de la Alianza, algo tan básico como impulsar una campaña de comunicación para informar de las ayudas tanto a las familias como a los servicios sociales a través, por ejemplo, de las facturas. O que no se puedan realizar cortes sin el visto bueno de los servicios sociales.

El departamento de Empresa negó ayer que el fondo esté cerrado, aseguró que sigue trabajando para tenerlo listo y se comprometió a exponerlo a las entidades de la Mesa.

Por lo pronto, el departamento que encabeza Puig ha pedido por carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que aplique una exención del 21 % del IVA en el suministro de electricidad, agua y gas a los usuarios que se encuentren “en situaciones de vulnerabilidad económica”. En una nota, explicó que esta petición se formalizará a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado.