El PP da un paso más y anuncia un “severo” código contra la corrupción

Todavía no hay contenidos, ni tampoco plazos, pero el Partido Popular de Andalucía anunció este viernes de manera solemne, aunque sin dar ni un solo dato, la creación de un grupo de trabajo para elaborar un reglamento interno “severo” contra la corrupción. Fue una decisión que adoptó el presidente del partido, Juan Manuel Moreno, en una reunión con los ocho presidentes provinciales, entre los que se encontraba el de Almería, Gabriel Amat, imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Los casos de corrupción que atenazan a los dos únicos partidos que han gobernado este país han provocado que las direcciones de PSOE y PP, en todos los niveles, establezcan o anuncien medidas de higiene democrática ante el riesgo de perder la hegemonía política y electoral.

La pasada semana, Juan Manuel Moreno propuso a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, un paquete de medidas de regeneración en Andalucía que el Gobierno andaluz rechazó con el argumento de que “la gente está hasta las narices de pactos” y prefiere hechos concretos. El pasado miércoles soltó amarras con el alcalde de Alhaurín el Grande Juan Martin Serón condenado a un año de suspensión por un delito de corrupción. Y este jueves anunció nuevas normas internas “severas”, como las calificó la secretaria general, Dolores López Gabarro, aún pendientes de concreción.

Con estas iniciativas los populares pretenden poner en un brete a la socialista Susana Díaz a la que la número dos del PP acusó de “dar un codazo a preferir trabajar codo con codo” para afrontar el paro y la corrupción.

El Reglamento del PP establecerá una especie de menú a la carta sobre cuándo debe actuar el partido en los procesos judiciales en los que se encuentren sus dirigentes. En este sentido, Moreno y López Gabarro distinguen entre lo que son imputados por casos de corrupción o por procedimientos administrativos. En la primera sitúan el caso de la alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso, quien “estará en la calle” si le abren juicio oral por un presunto delito de cohecho por el que está imputada. En la otra columna, encuadran la situación del alcalde de Roquetas de Mar y presidente provincial de Almería, Gabriel Amat, imputado por aprobar en 2007 la licencia que permitió la construcción de 10 chalés. Esta decisión contó con los informes favorables de los funcionarios municipales. Amat recibió ayer el apoyo expreso de sus compañeros.

Un acuerdo aunque sea tácito entre PSOE y PP en Andalucía sobre las personas que se encuentran bajo la lupa judicial se antoja imposible en estos momentos, como se pudo comprobar ayer. López Gabarro salió al quite de inmediato cuando los periodistas le preguntaron sobre el alcalde de Tomares y ex secretario general del partido, José Luis Sanz. Una juez de Sevilla cree que hay indicios penales contra él por contratos ficticios en su Ayuntamiento, por lo que envió el caso al Tribunal Supremo ya que está aforado como senador. “No hay ninguna imputación”, dijo tajante la dirigente popular. Por el contrario, reclamó a Susana Díaz que actúe “si quiere” en el caso “de personas preimputadas sentadas en el Parlamento andaluz” como el de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo. La preimputación no existe en el ordenamiento jurídico.

Gabarro eludió valorar el anuncio de Susana Díaz de que los aforados tendrán que dejar su escaño si son imputados por el Supremo o el Tribunal Superior andaluz. En su opinión, esta medida la toma porque se ha visto “obligada” a actuar por las iniciativas del PP y porque también “le ha obligado su jefe”, en alusión a Pedro Sánchez.