Los taxistas demandan a Uber por ‘venderse’ como consumo colaborativo

Los taxistas de Barcelona están decididos a luchar a través de todas las vías a su alcance contra Uber, la aplicación que permite contratar viajes en coches de particulares. A las denuncias que algunos miembros del gremio han puesto contra la empresa en instancias como la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria y la Agencia Catalana de Consumo, se suma ahora una demanda de la Asociación Profesional Élite Taxi en el juzgado número 3 del Mercantil de Barcelona. La agrupación acusa a la app de fraude al anunciarse “como economía colaborativa, cuando en realidad es economía sumergida”, aseguró este jueves Diego Salmerón, abogado de Élite. La economía o consumo colaborativo se basa en que diversos ciudadanos compartan bienes o servicios, dividiendo gastos.

La asociación de taxistas exige a Uber que reconozca ante el juez en qué consiste su actividad: “Si admite que ofrece transporte de pasajeros, tendrá que ajustarse a la normativa: tener licencia y pagar impuestos. Si no es así deberá detallar qué hace y el magistrado dirá si es legal”, explicó Salmerón.

La asociación de taxistas confía en que la vía mercantil consiga finalmente “paralizar a Uber”, algo que no se ha logrado hasta ahora desde ninguno de los otros frentes abiertos contra la compañía. La empresa estadounidense ha hecho caso omiso a la orden de cese de la actividad dictada en junio por la Generalitat y, por el contrario, se expandido a dos nuevas ciudades, Madrid y Valencia.

La Dirección General de Transportes está a la espera de que Uber abone las 28 multas de 4.000 euros cada una que le impuso por ofrecer transporte de pasajeros sin tener licencia, así como las otras 28 que sus conductores tienen pendientes por la misma suma. La app tiene otro medio centenar de expedientes sancionadores recurridos. El Gobierno catalán se ha comprometido a hacer los cambios normativos necesarios para garantizar que las autoridades puedan inmovilizar a partir del próximo año los vehículos de sus conductores.

Pero la compañía no se amilana y continúa captando usuarios en las tres ciudades españolas donde opera. Los taxistas tampoco han reducido su presión y se han organizado para luchar contra la aplicación. Élite, que ha encabezado las protestas contra Uber en Barcelona, asesora a sus plataformas de Madrid y Valencia sobre cómo actuar contra la compañía estadounidense.

En Madrid, los 400 miembros de Élite aprovechan los ratos muertos y algunos, hasta sus días libres, para cazar taxis pirata. “Nuestro protocolo es detectar, llamar a la policía y denunciar”, explica José Miguel Funez, portavoz de la plataforma madrileña. Desde que Uber aterrizara el pasado 22 de septiembre en la capital, la estrategia más usada es la de pedir uno de sus coches para ir al aeropuerto y, una vez allí, avisar a los agentes. “Ahora, es más difícil porque ya no aceptan carreras a Barajas. Pero, ¿ves la diferencia? Un taxista no puede negarse a hacer un servicio, en cambio ellos sí”, denuncia Funez.

La Consejería de Transportes de Madrid ya ha abierto ocho expedientes a conductores de Uber y nueve a la compañía: uno por cada chófer y otro multidisciplinar por obstruir la inspección, publicitar una actividad ilegal e iniciar una actividad sin licencia.

A diferencia de Cataluña, los Gobiernos autonómicos de Madrid y de la Comunidad Valenciana no tienen previsto hacer ningún cambio normativo que permita la inmovilización de los coches tras cometer la primera infracción. La Comunidad de Madrid responde que la inmovilización ya está contemplada en la ley, aunque solo para los reincidentes que ya han sido sancionados. En Valencia, la Consejería de Infraestructuras y Transporte aún está “estudiando lo que hacen otras Administraciones autonómicas” para decidir cómo actuar.

“Aún no tenemos mucha experiencia y por eso no hemos podido pillar a nadie de Uber”, reconoce un portavoz de Élite en la Comunidad Valenciana. La aplicación comenzó a operar allí el pasado 29 de octubre.

Aún así, la agrupación ya tuvo su primer enfrentamiento con Uber un día después de que empezara a funcionar en la ciudad. La app iba a realizar una sesión de formación a conductores en el número 41 de la avenida de las Cortes Valencianas cuando unos 60 taxistas se agolparon frente al edificio y empezaron a protestar, según informó la Policía Nacional. La encargada de las instalaciones canceló su contrato con la app, cuyos responsables tuvieron que abandonar el edificio por la puerta trasera, según Élite.