La CIG envía las irregularidades detectadas por Contas al fiscal

La CIG enviará a la fiscalía el informe del Consello de Contas hecho público el lunes en el que señala numerosas irregularidades en los cursos de formación impartidos con subvenciones públicas por sindicatos, patronal y academias. El documento detecta deficiencias en el sindicato nacionalista y en su fundación para formación (Forga), aunque menos que las encontradas en los cursos de CC OO y UGT. La CIG quiere que la fiscalía confirme que “no existe ningún tipo de delito” en esas “anomalías puramente administrativas” y destaca que de existir alguna sospecha debería haber sido el propio Consello de Contas el que enviase su informe a la justicia.

 Según Contas, “determinados indicios” apuntan a que CIG y Forga imputaron a las subvenciones públicas el alquiler de locales por cursos que se realizaron en aulas de su propiedad. También critica que el sindicato no controlase la asistencia de los alumnos y que Forga no colaborase en sus inspecciones por no ser la adjudicataria directa de las subvenciones, sino la CIG. Ayer Anxo García, apoderado de Forga, destacó que la ley permite que la CIG le subcontrate cursos, aseguró que el pago de alquiler de locales entre ambas entidades es obligado ya que son “dos entidades con personalidad jurídica propia” e indicó que el control de asistencia se hizo de acuerdo con las exigencias de entonces.

Como CC OO y UGT, la CIG cree que el informe de Contas pretende “equiparar” de forma “tremendamente injusta” a los sindicatos con la trama de cursos falsos investigada en la Operación Zeta para así “tapar” su vinculación con el PP. El objetivo sería dar una imagen “denostada” del modelo de formación como primer paso para “privatizar” el sistema. “Serán los grandes grupos económicos los que se lleven la formación, con un gran beneficio”, censuró ayer Suso Seixo, secretario general de la CIG. “No dejaremos que se denigre nuestra imagen, porque tenemos la conciencia muy tranquila”, dijo Seixo, quien advirtió de que exigirá a los medios de comunicación que vinculen a la CIG con prácticas corruptas “una rectificación pública” o, de lo contrario, se enfrentarán a “una querella por difamación e injurias”, informa Europa Press. La CIG también anunció que denunciará a la Xunta por “discriminación” y “actuar de mala fe” en el reparto de subvenciones frente a CC OO y UGT.