Lavado de manos

La larguísima instrucción del caso de los ERE afronta en las próximas semanas momentos decisivos. Tras casi cuatro años de investigación, la clave de la macrocausa que afecta a la Junta de Andalucía, que acumula ya 229 imputados, sigue, sin embargo, sin resolverse. Esto es, si la cúpula de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, incurrieron en delito con la puesta en marcha del procedimiento administrativo con el que se pagaba el fondo de los ERE (las llamadas transferencias de financiación).

La juez instructora, Mercedes Alaya, sostiene que sí es delito, pese a ser una herramienta presupuestaria común en las administraciones, mientras la Junta de Andalucía ha defendido en todo momento que el procedimiento de pago era legal. La Intervención de la Junta, aunque cuestionó su utilización para pagar las ayudas sociolaborales, también ha defendido que se trata de un procedimiento administrativo plenamente legal.

En estos cuatro años, sin embargo, hay un actor clave en la causa que no se ha pronunciado sobre el uso de las transferencias de financiación: la Fiscalía Anticorrupción. Cuando el pasado mes de septiembre el Tribunal Supremo pidió a la fiscalía que se pronunciase sobre la exposición razonada enviada por la juez Alaya, en la que implica a nueve aforados, los magistrados dejaron bien claro que el ministerio público debía manifestar su posición sobre la competencia para investigar el caso (evidente, ya que entre los aforados hay diputados y senadores) y… sobre el “fondo” del caso. ¡Al fin se sabría si la fiscalía considera que la cúpula que la Junta de Andalucía delinquió durante años!

La respuesta que ha dado la fiscalía del Supremo ha sido decepcionante. El ministerio público solo se pronuncia sobre lo obvio (que el Supremo es competente para investigar el caso), pero se lava las manos en el aspecto clave de la investigación (aclarar si ve indicios de delito en el uso de las transferencias de financiación).

Desde hace semanas, en el PSOE se daba por hecho que la fiscalía iba a sostener que los aforados no cometieron delito y al fin encontraría un respiro en la diabólica dialéctica ERE-Gürtel. Hoy sospecha que los acontecimientos de los últimos días (Operación Púnica, debate en el Congreso entre Rajoy Pedro Sánchez en el que el presidente del Gobierno echó en cara al líder socialista el caso de los ERE) han podido influir en la decisión del fiscal de no aclarar su posición sobre el fondo del caso. La actitud de la fiscalía no ha sido, desde luego, arrojada (en un sentido o en otro) y la pelota vuelve a estar en manos del Tribunal Supremo. Por cierto, ¿qué pensarán los jueces del Supremo cuando vean que los fiscales han ignorado su petición de un pronunciamiento sobre el fondo de la investigación?

Mientras tanto, seguiremos con el “y tú más” en la guerra ERE-Gürtel.